El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó el miércoles la Ley del Transporte Público, pero enfrenta fuertes rechazos sindicales.
Los transportistas aluden a supuestas violaciones laborales y alertas empresariales sobre demoras en su implementación.
Un rejunte de herramientas
Para el parlamentario del tercer espacio, es solo un conjunto de normativas que ya existían en otras leyes que regulan el servicio de transporte público, por lo que no soluciona los problemas reales como itinerarios cubiertos, monitoreo transparente del cobro del pasaje y calidad de los buses.
“Es una ley insípida, junta las herramientas que había en una ley anterior. Lo único que hace es poner en una sola ley las herramientas que había en otras normativas. No tiene fondos claros y más con un Gobierno que no paga a sus proveedores”, dijo en conversación con La Tribuna.
El parlamentario criticó que el actual gobierno sigue teniendo dificultades para honrar sus deudas con los proveedores de empresas viales y farmacéuticas. En esa línea cuestionó a la ley promulgada por carecer de un presupuesto claro y por no fortalecer al Viceministerio de Transporte.
“No creo que pueda realizar cambios. Mientras no existan fondos no pasa nada, lo que veo es que habrá un cambio de actores como empresarios”, expresó.
Reordenar los itinerarios y fortalecer el viceministerio
El diputado manifestó que el problema de transporte y movilidad podría paliarse en gran medida con las normativas actuales mediante el reordenamiento claro de los itinerarios de las líneas que prestan servicio.
Además, indicó que el problema de fondo es la falta de un solo órgano que pueda administrar y regular el servicio. En ese sentido criticó que la nueva ley no dota de suficientes recursos al Viceministerio de Transporte para realizar los trabajos de fiscalización y administración del servicio de transporte público.
“Si quieren una reforma de transporte deberían reordenar todos los itinerarios del sistema de transporte público con un estudio técnico, que pedimos y nunca nos llegó. Esto lo hicimos desde mi despacho, un plan de estudio de los itinerarios. No es nada difícil, es cuestión de voluntad. Pero implica hacer frente contra todos los empresarios y poner reglas claras por igual para todos”, declaró.
Benítez cuestionó duramente que la ley no permita una gobernanza y que, según su visión, sigan existiendo problemas de burocracia con otros entes.
“La gobernanza es un desorden total. Tampoco se contempla un presupuesto para el Viceministerio de Transporte para su crecimiento, para dotarlo de más personal y herramientas tecnológicas. Es un viceministerio pequeño y diminuto, por más voluntades que tengan su alcance es limitado”, señaló.
Y luego agregó: “Con las herramientas que tienen pueden hacer cambios. El viceministerio es muy pequeño. Uno de los grandes problemas era la rectoría, porque seguirá chocando con la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Policía Municipal de Tránsito (PMT) y las municipalidades.
Otra amenaza de huelga
Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), manifestó su rechazo como representante del gremio a la ley promulgada por el Ejecutivo, considerando que fue elaborada sin el diálogo exhaustivo con los sectores involucrados.
El dirigente aseguró que los trabajadores no fueron convocados a las mesas de discusión y que esta exclusión motivó a la huelga del sector, además de generar preocupación por posibles vulneraciones de derechos laborales y constitucionales.
Giménez indicó que en los próximos días se reunirán en asamblea y analizarán la posibilidad de ir a huelga.
Exigencias a los empresarios y no a los choferes
Atendiendo esta situación, el diputado Benítez reflexionó que ni la nueva ley, ni las normativas vigentes, cumplen con el derecho de la ciudadanía en contar con el servicio de transporte público, independientemente a las medidas de fuerza (como la huelga) que adopten los trabajadores del volante.
“En un país serio realmente ninguna ley puede coartar un derecho. Si hay una huelga de choferes, los que tienen que cargar con el problema son los empresarios y no los choferes, la queja de los trabajadores parte de una desconfianza hacia el Gobierno”, sostuvo.