Educadores de varios sectores se reunieron con los congresistas y acercaron sus reclamos sobre la nueva propuesta legislativa. La mayoría coincidió en dos reclamos puntuales: mayor aporte del Estado en su calidad de “empleador” y ser tenidos en cuenta para la elaboración y modificación del proyecto.
El gremio de educadores, representados en distintas asociaciones y sindicatos, se reunió en la mañana de ayer con el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el senador Colym Soroka, y otros legisladores.
En la ocasión, discutieron en términos generales el proyecto de ley de Reforma de la Caja Fiscal, remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al órgano legislativo que funciona durante el receso parlamentario.
Tratar con tiempo
Silvio Piris, secretario general de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), expuso el historial de la Caja Fiscal y explicó que desde principio del siglo pasado los fondos de esta fueron utilizados discrecionalmente por el Estado en los diversos conflictos bélicos internos y luego en la Guerra del Chaco.
Por tratarse de una situación con problemas complejos, pidió que el proyecto de ley sea tratado con mesura y tiempo.
Aporte del Estado paraguayo y rechazo a la edad mínima
Tanto los representantes de los docentes de las escuelas como los universitarios coincidieron en que establecer la edad mínima de jubilación de 57 años de edad es “inadmisible”.
Piris explicó que muchos de los docentes ingresan a la carrera profesional de la docencia, por lo que pidieron tener en cuenta otros datos de la profesión como el desgaste mental y emocional, así como la carga laboral que acarrean fuera del aula para elaborar una ecuación más ajustada a la realidad de los docentes.
“Quiero pedir un informe al MEC para que puedan ver cuántos miles de docentes piden función pasiva, que tienen más de cuarenta años y no pueden estar en las aulas, para que se los pase a funciones administrativas. Por eso, rechazamos categóricamente”, expuso.
El proyecto plantea que “la tasa de aporte total se establece con un 22%, con un 19% a cargo del afiliado y un 3% a cargo del Estado como contribución patronal”, premisa rechazada por los educadores.
Los reclamantes apuntan a que el Estado asuma la responsabilidad de aporte patronal por un 14%; es decir, 9% más de lo que propone el Ejecutivo.
“El 3% de aporte del Estado es insuficiente, es inadmisible. Un cuarto de su salario se le va a descontar para atención médica y jubilación. Por eso no debe aumentarse el aporte del trabajador. El Estado debe asumir su responsabilidad social, no solo con la tesis de que solo se debe sumar con lo de la edad mínima”, declaró Gabriel Espínola de la Organización de Trabajadores de la Educación Paraguaya Auténtica (OTEP-A Sindicato Nacional).
Ser tenidos en cuenta
Tanto Piris como Espínola y Miguel López, y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, reclamaron que el proyecto legislativo fue elaborado sin la participación de los docentes afectados.
“Nuestro planteo es que ustedes (legisladores) nos puedan enlazar para que se instale una mesa con las autoridades porque no tuvimos esa reunión. Tuvimos una reunión en donde se bajó el diagnóstico, pero no en la discusión y elaboración del proyecto”.
Debate parlamentario
El presidente de la Permanente, el senador Colym Soroka, manifestó que el proyecto será remitido a la Cámara Baja para su estudio. Aseguró que para el inicio del periodo parlamentario de este año “cada diputado tendrá en su oficina este proyecto y lo que plantean los docentes”.
El congresista se comprometió a instalar una mesa técnica junto a los especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas y miembros de las diversas organizaciones sindicales de educadores del país.