Condenan a exdirector del Indert por adjudicación irregular de tierras en Mbaracayú

Luis Ortigoza, extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, recibió una pena de 3 años y seis meses de prisión por la entrega irregular de un inmueble del Refugio Biológico de Mbaracayú a personas no beneficiarias de la reforma agraria.

 El Tribunal de Sentencia dictó este fallo contra Luis Ortigoza, exdirector del Indert, tras comprobar que entregó de manera irregular un inmueble de aproximadamente siete hectáreas a cinco personas.

La sentencia no fue unánime y fue emitida por las magistradas Natalia Cacavelos, Cristian González y Darío Báez.

Durante el juicio, el Ministerio Público demostró que, en diciembre de 2012, Ortigoza adjudicó tierras que pertenecían al Refugio Biológico de Mbaracayú, propiedad de la Itaipú Binacional, a personas que no eran sujetos de la reforma agraria.

Los certificados de adjudicación presentados en el expediente consignaban falsamente que los beneficiarios cumplían con los requisitos legales, lo que fue desmentido por la investigación.

Además, se comprobó que nunca se realizaron los trámites correspondientes a los dictámenes favorables de la asesoría jurídica del Indert, pese a figurar en la documentación oficial.

El Ministerio Público afirmó que la conducta de Ortigoza contenía los elementos objetivos y subjetivos del delito, al utilizar su cargo para favorecer patrimonialmente a terceros de manera indebida.

Según los fiscales, la irregularidad consistió no solo en la entrega del inmueble, sino también en la falsificación de documentos públicos que respaldaban la adjudicación.

La pena impuesta de 3 años y seis meses de prisión se enmarca dentro de los delitos por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

Durante el juicio, se destacó que Ortigoza actuó aprovechando su posición como presidente del Indert para generar un beneficio ilícito, lo que agravó su responsabilidad penal.

El caso también puso en evidencia las fallas en los procedimientos internos del ente agrario, así como la necesidad de fortalecer los controles sobre adjudicaciones de tierras en áreas protegidas.

El Tribunal subrayó que la adjudicación de tierras a personas no elegibles representa un perjuicio patrimonial y ambiental significativo, considerando que el predio forma parte de un refugio biológico de alto valor ecológico.