Tras la calificación otorgada por Standard & Poor’s, diputados y senadores vinculan el respaldo internacional con el gasto social y advierten que el desafío es trasladar sus efectos más allá de los indicadores macroeconómicos.
El otorgamiento del grado de inversión a Paraguay por parte de la calificadora internacional Standard & Poor’s (S&P) generó reacciones en el Congreso Nacional, donde legisladores de ambas cámaras coincidieron en señalar que la decisión se apoya en una combinación de estabilidad macroeconómica y políticas públicas orientadas al área social.
Desde el Parlamento, las lecturas apuntan a que el reconocimiento no responde a un hecho puntual, sino a una línea de gestión sostenida que fue observada por los evaluadores internacionales.
Paraguay fue calificado por S&P con BBB- y perspectiva estable, una categoría que ubica al país dentro del grupo de economías consideradas con bajo riesgo crediticio. Para los legisladores, esta evaluación toma en cuenta tanto los indicadores económicos como la capacidad del Estado para sostener políticas públicas en el tiempo, en un contexto de previsibilidad fiscal y crecimiento.
La mirada desde Diputados
El diputado Rodrigo Gamarra sostuvo que el grado de inversión no debe ser interpretado como una distinción simbólica, sino como una señal concreta de confianza en la gestión del país. Según expresó, la calificación refleja una evaluación técnica sobre la forma en que Paraguay administra sus recursos, cumple con sus compromisos financieros y mantiene estabilidad en sus principales variables económicas.
Gamarra señaló que las agencias calificadoras observan el comportamiento fiscal, el manejo del endeudamiento y la coherencia de las políticas públicas. En ese marco, indicó que la calificación otorgada por Standard & Poor’s responde a un proceso acumulativo, en el que se analizan resultados y proyecciones, así como la capacidad del Estado para sostener sus decisiones en el tiempo.
El legislador también vinculó el reconocimiento con el impacto que puede tener en el acceso a financiamiento y en la percepción del país en los mercados internacionales, aspectos que, según afirmó, dependen directamente de la credibilidad institucional y de la previsibilidad económica.
El énfasis del Senado en el área social
Desde el Senado, el legislador Derlis Maidana atribuyó parte del logro a la inversión realizada en el área social durante la actual administración. Según manifestó, la orientación del gasto público hacia programas sociales, salud y educación fue uno de los elementos considerados en la evaluación de la calificadora, al tratarse de factores que inciden en la estabilidad interna del país.
Maidana afirmó que la política social forma parte del análisis económico que realizan las agencias internacionales, ya que contribuye a reducir riesgos estructurales y a fortalecer el entorno institucional. En ese sentido, sostuvo que la inversión social se dio dentro de un marco de responsabilidad fiscal, aspecto que fue observado por Standard & Poor’s al momento de definir la calificación.
El senador señaló además que las agencias no se limitan a examinar cifras financieras, sino que analizan la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas de manera sostenida y con impacto en el mediano plazo.
Un escenario que abre nuevos desafíos
En el ámbito legislativo, el grado de inversión es visto como un punto de partida que plantea exigencias adicionales en materia de gestión pública. Legisladores señalaron que el nuevo estatus obliga a sostener la disciplina fiscal, fortalecer la institucionalidad y dar continuidad a las políticas sociales y económicas que fueron valoradas por la calificadora.
El reconocimiento de Standard & Poor’s también fue vinculado a la necesidad de garantizar previsibilidad jurídica y estabilidad normativa, de modo a consolidar la confianza generada en los mercados internacionales. Desde el Congreso, el debate se orienta ahora a cómo acompañar este escenario con decisiones que mantengan el equilibrio entre crecimiento económico y atención de las demandas sociales.
En ese marco, los legisladores señalaron que el grado de inversión no solo representa un reconocimiento a la conducción económica del país, sino también un compromiso hacia adelante. Coincidieron en que el desafío será sostener las condiciones que permitieron alcanzar esta calificación y lograr que sus efectos trasciendan los indicadores macroeconómicos, de modo que el respaldo internacional se refleje en la vida cotidiana y en la economía de los hogares paraguayos.