El Congreso Nacional recibió un proyecto de ley que propone la modificación de los artículos 22 y 27 de la Ley Nº 5016/14 de Tránsito y Seguridad Vial, con el objetivo de actualizar la normativa vigente y adaptarla a las necesidades de los trabajadores del transporte, especialmente jóvenes y mujeres que operan taxis, remises y plataformas digitales.
La iniciativa legislativa impulsada por el diputado Rubén Roussillón busca clarificar y ajustar la interpretación de las licencias profesionales exigidas para el transporte remunerado de pasajeros. Según la exposición de motivos, la actual interpretación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) ha generado preocupación entre los conductores de plataformas digitales, al exigir la licencia Profesional Clase “A” para todos los conductores de transporte interno, pese a que la ley establece que esta categoría habilita principalmente a los conductores de transporte público interno, incluyendo buses, sin especificar a los vehículos livianos.
El proyecto propone que los conductores de vehículos ligeros destinados al transporte de pasajeros puedan operar con licencia Profesional Clase “B”, la cual actualmente habilita a conducir vehículos de hasta 5 toneladas, y que cumplan con la edad mínima de 19 años, un año después de haber obtenido la licencia particular. Esta medida busca garantizar la inclusión laboral de jóvenes que sostienen sus hogares, continúan estudios o desarrollan actividades económicas independientes.
Asimismo, se establece que los municipios deberán encargarse de organizar los cursos de educación vial para conductores de bicicletas y vehículos de tracción a sangre, respetando la obligatoriedad del certificado de finalización.
La iniciativa también prevé ajustar la edad mínima de obtención de licencias profesionales, siguiendo ejemplos de países como España e Inglaterra, donde se permite a jóvenes acceder a licencias profesionales desde los 18 años, previa capacitación.
El proyecto destaca que la falta de regulación específica puede derivar en multas injustas y retenciones de conductores, afectando fuentes de empleo y generando incertidumbre en el sector.