Desde el Gobierno resaltaron que el acceso a la tierra constituye un pilar fundamental para el desarrollo, ya que permite generar oportunidades, fortalece la producción y mejora la calidad de vida de las familias.
Uno de los puntos abordados en la carta pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y que fue socializada el 8 de diciembre en la misa central de Caacupé, guarda relación como el “Bien Común sobre la economía de la exclusión” y que menciona la problemática de la tierra en Paraguay. Las autoridades del Poder Ejecutivo reconocen que este sigue siendo un desafío que exige redoblar esfuerzos y profundizar las políticas públicas. Señalaron que se trata de una cuestión compleja y de larga data, por lo que requiere un trabajo sostenido y coordinado, que lo están encarando a los efectos de garantizar que el beneficio llegue a los sectores que realmente lo necesitan.
En ese contexto, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, resaltó el avance significativo concretado por la actual administración en cuanto a la regularización y titulación de tierras públicas en el país, que se reflejan en casos emblemáticos de problemáticas de tierras que no tuvieron solución en el pasado, como Marina Cué, Nueva Mestre, Antebi Cué y Arroyito.
Los resultados positivos, en numerosos casos de formalización de tierras públicas, testimonian el compromiso por la transparencia, la reforma agraria y el desarrollo rural, de parte del Gobierno, declaró esta semana en conferencia de prensa.
En esa misma línea, el vicepresidente Pedro Alliana hizo hincapié en la aplicación de medidas para potenciar el campo: la inclusión financiera, inversión, productividad e ingresos económicos con el título de propiedad en mano.
Valoró los esfuerzos encarados por el Indert para triplicar la adjudicación de lotes a los fines de la reforma agraria y el desarrollo, estrictamente ajustados a las leyes agrarias y normativas vigentes.
A su turno, Francisco Ruiz Díaz manifestó que el Ejecutivo ahora apunta con firmeza a lograr una poderosa “revolución agraria” que irá con los títulos de propiedad entregados a los colonos, mediante la aplicación de medidas que alienten y fortalezcan la inclusión financiera, productividad e ingresos económicos para el arraigo y desarrollo integral.
Las referidas medidas a ser aplicadas durante su gestión: “La revolución agraria recién comienza. Medidas que impulsaremos: 1) aumentar a 30 años el financiamiento para mujeres cabezas de hogar, 2) entrega inmediata del título (se elimina la barrera del pago previo 3%), 3) reducción del 4% al 2% del interés para hombres”.
Economía agraria: trampa de la pobreza
La administración de Ruiz Díaz logró históricos resultados con el ágil proceso de finiquito de títulos de propiedad, con el método Barrido Predial Masivo (BPM), que atrae progreso y bienestar en las colonias rurales, en trabajo articulado con otros entes del Estado.
Buscando romper de una vez por todas con el círculo vicioso en el que se encuentran los beneficiarios: -a Bajo nivel de ingreso (económico)=No puede pagar por su título=No existe empoderamiento=Exclusión financiera=No invierte=Baja productividad. Y así sucesivamente, hasta volver al punto de partida una y otra vez.
A tal efecto, el Gobierno planifica y gestiona con su equipo técnico continuar los exitosos resultados en materia de regularización jurídica de la tenencia de tierra a favor de los beneficiarios del Estatuto Agrario del país, siguiendo las instrucciones del titular del Ejecutivo.
Se comprobó fehacientemente que el título de propiedad en mano de las familias rurales es lo que brinda al fin el empoderamiento necesario para que las mismas puedan acceder a las condiciones que hacen al arraigo y desarrollo integral en las comunidades rurales, como el acceso a los servicios básicos e infraestructuras; créditos blandos para el emprendimiento de proyectos productivos, que generen ingresos para el autosustento y la renta, entre otros, mejorando su calidad de vida, resaltaron desde el Indert.