Legisladores oficialistas y de la oposición plantearon que la reunión admitida debe ser explicada en su contenido administrativo.
La confirmación de que ministros de la Corte Suprema de Justicia mantuvieron una reunión con el presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga generó distintas reacciones en el Congreso.
El máximo tribunal admitió ayer que los ministros de esta institución fueron a reunirse con el presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga y aclaró que fue por razones administrativas y presupuestarias.
El presidente de la Corte, César Diesel, aclaró que no hubo tiempo de avisarle a todos, que el agendamiento fue muy a última hora y que por eso algunos no fueron invitados. No se fueron Gustavo Santander, Víctor Ríos y Manuel Dejesús Ramírez Candia.
En la sesión de ayer, Diesel dio las palabras a otros ministros también para que se manifestaran al respecto. El ministro Eugenio Jiménez Rolón señaló que el encuentro se hizo a iniciativa de los propios ministros, entre los cuales él se incluyó, y lo describió como parte de gestiones administrativas vinculadas al financiamiento de obras y al seguimiento del presupuesto judicial.
La admisión instaló un debate sobre el alcance institucional del contacto entre los poderes del Estado y motivó pedidos de explicación sobre los temas tratados.
El reconocimiento se produjo luego de que circularan informaciones sobre una reunión reservada en la que, según versiones iniciales, habrían participado también actores partidarios. La admisión de Jiménez Rolón llevó a que senadores de distintos bloques manifestaran su posición sobre la dinámica entre los poderes del Estado y sobre la conveniencia de transparentar los motivos de la cita.
En este contexto, el senador Natalicio Chase, líder de Honor Colorado, adoptó un posicionamiento orientado a obtener mayores precisiones antes de emitir conclusiones. Señaló que, una vez reconocida la reunión, corresponde detallar su naturaleza, especialmente en lo referente a los planteamientos administrativos que los ministros dijeron haber presentado.
Agregó que, para pronunciarse con mayor fundamento, pretende acceder a información formal del movimiento y del propio Poder Judicial. Según explicó, cualquier evaluación depende de “qué tipo de reunión haya sido”, y remarcó que, si no se trató de un acto protocolar, los participantes deberán aclarar el motivo del encuentro.
Indicó que se abordaron requerimientos pendientes en diversas circunscripciones del país y que la intención fue evitar paralizaciones por falta de recursos. No mencionó si estuvieron presentes otras figuras políticas, limitándose a explicar que el encuentro respondía a una agenda administrativa.
Postura de Basilio Núñez ante las consultas
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, sostuvo que desconocía la realización de una reunión entre la Corte y el Ejecutivo y que su información provenía únicamente de lo que los propios medios estaban reportando. Indicó que, si los ministros confirmaron el encuentro, corresponde que ellos expliquen su finalidad. Agregó que no posee contacto con los integrantes del máximo tribunal y que no puede ampliar criterios sobre el contenido de la conversación, especialmente al no haber participado de ella ni haber recibido documentación al respecto.
Consultado sobre versiones que vinculan la reunión con eventuales incidencias en causas judiciales, Núñez respondió que las afirmaciones provienen de sectores políticos que deben sostener sus planteamientos. Señaló además que el Congreso ha rechazado ampliaciones presupuestarias para el sistema de justicia y que las decisiones administrativas del Poder Judicial se tramitan por los canales habituales.
El senador Rubén Velázquez, por su parte, expresó una lectura distinta. Afirmó que, según información que maneja, la reunión habría tenido como propósito el análisis de un eventual desenlace judicial que afectaría la candidatura presidencial de Miguel Prieto.
Explicó que, de acuerdo con sus informantes, el encuentro se habría orientado a discutir posibles escenarios en causas que involucran al político esteño. Mencionó además que la filtración del encuentro generó interrogantes sobre la coordinación entre autoridades judiciales y actores políticos en un momento de definiciones electorales.
Velázquez planteó que subsisten dudas sobre el contenido real de la reunión y sostuvo que, a falta de una descripción detallada por parte de los ministros, corresponde pedir claridad. Puso énfasis en la necesidad de precisar los alcances del encuentro y el rol que habrían tenido quienes no ejercen funciones institucionales, aunque reconoció que sus afirmaciones se basan en versiones que deben ser ratificadas o descartadas oficialmente.