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¿Por qué grupos políticos aliados con Venezuela querían usar Smartmatic?

Smartmatic aparece en Paraguay de la mano de Excelsis, del empresario Daniel Sauca. Con tecnología amañada buscaban imponer el socialismo del siglo XXI.

| Por La Tribuna
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Esperanza Martínez, actual senadora y exministra de Salud, y Fernando Lugo siempre han tenido afinidad explícita por el régimen venezolano.

El exjefe de Inteligencia Militar del chavismo confesó y dio detalles de una conspiración narcoterrorista. Así es que Smartmatic no nació como una startup neutral, sino como “herramienta electoral del régimen venezolano”, según el propio Carvajal.

Afirmó que él mismo colocó a un hombre de confianza al frente del sistema dentro del Consejo Nacional Electoral, aduciendo que el software puede ser alterado. Se colige entonces que el fraude sobre los resultados electorales se presenta como una pieza más de una arquitectura de poder donde se usan drogas, criminalidad y espionaje.

Lo dicho por Carvajal agrega sospechas sobre la propia historia pública de la empresa y abre interrogantes. En los archivos constan que Smartmatic se hizo millonaria administrando elecciones en Venezuela; durante años, el CNE y la compañía vendieron la idea del “sistema más seguro del mundo”. Smartmatic apareció en Paraguay de la mano de Excelsis, del empresario Daniel Sauca, según los datos.

Sin embargo, en 2017, tras la Asamblea Constituyente de Maduro, la empresa rompió con el régimen y reconoció que la participación había sido “manipulada al menos en un millón de votos”. Es decir, el sistema que se presentaba como infalible podía ser usado para inflar resultados.

Después vino la expansión global: Filipinas, Europa, el Caribe, parte de Estados Unidos. En ese camino aparecieron fallas técnicas, denuncias de irregularidades y, más tarde, acusaciones formales en tribunales estadounidenses por sobornos y lavado de dinero para conseguir contratos electorales.

Por lo visto, no se trataba solo de vender máquinas, sino también de “abrir puertas” en sistemas políticos donde la democracia suele pasar por caja. Hay que tener en cuenta que el socialismo del siglo XXI planeaba extenderse en todo el continente, todo bajo el disfraz de elecciones libres y soberanas.

En su la carta, Carvajal describe a Venezuela como un Estado convertido en aparato narcoterrorista, que usa al Cártel de los Soles, al Tren de Aragua, a Hezbollah y a la inteligencia cubana y rusa para atacar a Estados Unidos. En ese contexto, las elecciones serían otro frente de guerra híbrida.

Si esa versión se confirma, permitir que una tecnología nacida bajo ese régimen administre comicios en otros países no sería un detalle técnico, sino una decisión de seguridad nacional.

¿Qué podría pasar si se usa Smartmatic sin un escrutinio extremo?

Dependencia tecnológica opaca:

El código fuente, la infraestructura de transmisión y la lógica de consolidación de resultados suelen quedar fuera del alcance público. Si un Estado no controla cada capa del sistema, confía a ciegas en un proveedor privado con un historial polémico y hoy envuelto en litigios millonarios.

Vulnerabilidad política:

Aunque no ocurra fraude alguno, la sola presencia de una empresa asociada al chavismo en el imaginario público puede convertir cualquier elección en objeto de sospecha permanente. La oposición de turno tendrá un argumento fácil: “el sistema está manipulado”.

Riesgos de injerencia externa:

Si se toma seriamente el testimonio de Carvajal –que está cooperando con la justicia estadounidense en calidad de “proffer”, buscando reducción de pena a cambio de información–, no se puede descartar que un régimen que usa drogas, pandillas y espionaje como armas esté dispuesto también a explotar debilidades en sistemas electorales exportados.

Judicialización interminable:

La experiencia de Estados Unidos en 2020 lo muestra: aunque Smartmatic solo operó en un condado, terminó en el centro de teorías de fraude global y en una guerra de demandas multimillonarias. Cualquier país que la contrate debe estar dispuesto a vivir su propia tormenta política y judicial.

Nada de esto prueba, por sí solo, que cada elección con Smartmatic será fraudulenta. Pero sí muestra que el costo de equivocarse es demasiado alto. Cuando el proveedor de tecnología electoral aparece mencionado en confesiones de un exjefe de inteligencia chavista, en expedientes por sobornos y en escándalos políticos globales, la pregunta ya no es técnica sino estratégica: ¿es razonable correr ese riesgo con algo tan delicado como el voto?

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