El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) denunció ante el Ministerio Público un presunto intento de estafa vinculado a la compra de un inmueble de 1.400 hectáreas en Itakyry, Alto Paraná. Según la institución, un acuerdo irregular firmado en 2022 pretendía canjear esta finca por tierras ubicadas en el Chaco.
El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, explicó que el hecho fue evidenciado cuando la Dirección de Registros Públicos reportó que las 1.400 hectáreas, valuadas en 14.136.000 dólares, corresponden a tierras fiscales, por lo que no podía realizarse la operación.
Detalló que el intento de estafa incluyó un acuerdo irregular entre la expresidenta del Indert, Gail González Yaluff, y una persona identificada como Héctor Urbano Parodi, quien sería funcionario público de la Municipalidad de San Lorenzo. Informó de una permuta, que ni siquiera fue aprobada por la Junta del Indert, de la finca de Itakyry a cambio de tierras en el Chaco paraguayo.
Además, refirió que en octubre de 2024 la actual administración ya había emitido una resolución en la que rechazaba el acuerdo irregular de permuta. “A la fecha, la finca se encuentra bajo resguardo y con investigación del Ministerio Público. La primera investigación tenía que ver con la producción de documentos no auténticos. Hoy nosotros entonces agregamos otro, que es un supuesto hecho de intento de estafa al Instituto, por casi USD 15 millones”, sostuvo.
Decisión de parar las adjudicaciones en el Chaco
Por otro lado, anunció que decidieron parar las adjudicaciones de tierras en el Chaco, particularmente de la zona en que se construye el Puente Bioceánica y en toda la travesía de la nueva autopista que atraviesa la Región Occidental.
Esta medida apunta a la creación de nuevos métodos de avalúo de tierras próximas a estas obras, aplicando un enfoque de valor de mercado. Si esto no se realiza, el Estado no podrá recoger el efecto plusvalía en torno a la ruta Bioceánica, lo que implicaría perder unos 3.500 millones de dólares, advirtió Ruiz Díaz.
Indicó que para ello se trabajará con el Congreso Nacional, a donde también se remitirán los informes de las adjudicaciones realizadas entre 2020 y 2023.


