Nuestro país cuenta con un excedente energético amplio, pero la falta de libertad en la contratación limita nuevas inversiones y retrasa la creación de proyectos industriales y tecnológicos de alta demanda.
Paraguay genera energía hidroeléctrica a un Costo Nivelado de Energía (LCOE) promedio de 20 dólares/MWh y dispone de un excedente estructural que en el 2024 alcanzó los 61 TWh anuales. Con la apertura progresiva del mercado interno que habilitó la Ley 6.977/2022 y su reglamentación, los consumidores libres ya pueden contratar directamente con generadores, incluidos los binacionales, sin pasar obligatoriamente por la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
Ese es el primer paso real hacia un mercado mayorista competitivo, pero todavía insuficiente.
La única arquitectura institucional conocida que permite descubrir el precio real de la energía paraguaya —y al mismo tiempo atrae inversión intensiva en energía— es la liberalización plena de la contratación: que cualquier generador pueda venderle a cualquier consumidor, dentro o fuera del país, al precio que ambos acuerden libremente, sin comprador único ni precio político.
El diseño es simple y ya funciona en Chile, Colombia y Perú: generación en competencia abierta, transmisión regulada con acceso no discriminatorio y comercialización 100% libre.
Los números son contundentes. Cuando la industria local pueda contratar directamente a 30-35 dólares/MWh en lugar de los 48-52 actuales, y cuando un centro de datos o un electrolizador de hidrógeno verde pueda firmar contratos a 25-28 dólares/MWh con garantía de suministro de 20-30 años, la inversión extranjera directa en sectores electrointensivos se multiplicará.
Un solo data center hyperscale consume 500-800 MW constantes; cinco proyectos de ese tamaño representarían 4.000 MW de demanda nueva, más del doble de la demanda industrial actual del país, y generarían 12.000-15.000 empleos directos de alta remuneración.
Los esquemas híbridos que mantienen a la Ande como comprador único “optimizado” tienden a preservar precios administrados y señales distorsionadas que desalientan la inversión de largo plazo.
En términos económicos, equivalen a seguir racionando artificialmente un recurso abundante y barato, postergando la convergencia tarifaria y la creación de un clúster energético competitivo.
El país podría enfrentar una restricción seria de energía disponible para nuevos proyectos industriales en menos de una década si no se completa la liberalización antes de la entrada plena del Mercado Eléctrico Común del Cono Sur (Mecsur) en el 2030. Cuando los grandes consumidores regionales puedan contratar directamente con cualquier generador del bloque, Paraguay tendrá que competir de igual a igual: u ofrece contratos libres a precios de mercado real, o verá cómo la inversión se va a Chile o Uruguay, países que ya terminaron su transición hace años.
Tenemos del orden de seis años de gracia para desmantelar el monopolio de comercialización y convertir la ventaja hidroeléctrica en ventaja competitiva efectiva.
La apertura total no requiere privatizar ni Itaipú ni Yacyretá: basta con que el propietario paraguayo de la energía (sea estatal o privado) pueda contratar libremente con quien pague más y ofrezca mayor valor agregado.
El resultado técnico es automático: tarifas industriales entre las más bajas del continente, explosión de inversión en hidrógeno verde, centros de datos, aluminio primario y fertilizantes, y miles de empleos de calidad que hoy no existen porque la energía, aunque barata de producir, sigue cara y racionada de comprar.
Cuando el precio lo fija la competencia y no la burocracia, la electricidad deja de ser un servicio público cautivo y pasa a ser el principal activo de desarrollo del país. Los paraguayos no necesitamos subsidios ni precios políticos: necesitamos libertad para contratar la energía más barata del mundo al precio que el mundo está dispuesto a pagar por ella.
César Addario Soljancic: Economista del Año 2025. Analista de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.