El Senado presentó un proyecto que excluye a defensores de DD. HH. y crea un mecanismo específico para atender hechos de violencia contra la prensa.
Este miércoles, en una mesa multibancada, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, oficializó la presentación del proyecto “De Prevención, Protección y Asistencia a periodistas y trabajadores de prensa víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión”.
La iniciativa busca reemplazar el texto anterior, que además incluía a defensores de derechos humanos, y concentrar la normativa exclusivamente en profesionales de la comunicación y sus familias.
Durante la presentación, Núñez sostuvo que el nuevo documento responde a hechos concretos registrados en los últimos años y señaló que existe acuerdo entre los legisladores para otorgarle un tratamiento acelerado.
El legislador también explicó que el proyecto anterior había sido postergado por su amplitud temática. Afirmó que el nuevo texto fue elaborado junto con asesores y senadores firmantes, y que constituye una propuesta más precisa, enfocada únicamente en periodistas, comunicadores y trabajadores de prensa.
Remarcó que el planteamiento se ajusta a los parámetros establecidos en decisiones de la jurisdicción internacional y que el objetivo es otorgar mayor claridad al alcance de la protección estatal.
El titular del Congreso indicó que la intención de la multibancada es analizarlo ya la próxima semana, con miras a obtener una media sanción. Aseguró que el documento se sustenta en 13 artículos que buscan establecer una estructura institucional y financiera capaz de dar respuesta inmediata a situaciones de violencia.
¿En qué consiste este nuevo proyecto?
El texto legislativo establece un marco de protección integral para periodistas y trabajadores de prensa que se encuentren en situación de riesgo o que hayan sido víctimas de hechos punibles vinculados al ejercicio de su labor.
Define que la normativa también alcanzará a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y dispone que la protección deberá garantizar la vida, integridad, libertad de expresión y acceso a la justicia.
El proyecto incluye definiciones de periodista, trabajador de prensa, riesgo e información de interés público. Además, incorpora la figura del Protocolo de Seguridad aprobado por la Policía Nacional, que deberá ser aplicado por autoridades policiales y judiciales desde el primer momento en que se identifique un peligro.
Una de las piezas centrales es la creación de la Dirección de Prevención, Protección y Asistencia a periodistas y trabajadores de prensa víctimas de violencia, que dependerá del Ministerio del Interior.
Esta instancia será responsable de coordinar acciones interinstitucionales, supervisar la implementación del Protocolo de Seguridad, solicitar intervenciones inmediatas ante amenazas y mantener un registro actualizado de casos. También podrá denunciar hechos punibles, proponer políticas públicas y coordinar asistencia jurídica y social con la Defensa Pública.
El Ministerio Público deberá aplicar directrices especializadas para la investigación de delitos contra periodistas, mientras que la Defensa Pública prestará asistencia sin necesidad de litigar sin gastos. El proyecto establece que hechos como lesión, amenaza, violación de domicilio y lesión a la intimidad serán considerados de acción penal pública.
Asimismo, prevé una partida presupuestaria anual destinada al funcionamiento de la Dirección y al desarrollo de programas de protección, cuya ejecución será fiscalizada por la Contraloría General de la República. La ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo de 90 días y entrará en vigencia tras su publicación.
Protección a cargo del Ministerio del Interior
Durante la conferencia, Núñez enfatizó que la estructura prevista dependerá del Ministerio del Interior, lo que permitirá articular mecanismos de seguridad con recursos administrativos y operativos ya existentes.
Sostuvo que se realizarán redireccionamientos presupuestarios aún sin definir montos, para dotar a la nueva dependencia de herramientas necesarias para su labor, y remarcó que el foco del proyecto es atender hechos puntuales que han afectado a periodistas y a sus familias.
El senador Silvio Ovelar también comentó que la normativa garantizará la existencia de una institución orgánica dedicada específicamente a responder casos de violencia contra la prensa, lo que, según dijo, representa un avance en la capacidad estatal de protección.