Con las correcciones exigidas, el proceso sigue su curso sin alterar el calendario electoral.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas validó las observaciones y ordenó modificar el pliego antes de continuar el proceso licitatorio.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) presentó este martes la Adenda N.º 1 al llamado de licitación para el arrendamiento de 18.000 máquinas de votación electrónicas y servicios conexos, luego de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) diera lugar parcialmente a las protestas presentadas por tres oferentes. Con esta modificación, el proceso vuelve a ponerse en marcha tras 10 días de suspensión y podría reanudar su cronograma la próxima semana.
La DNCP resolvió, mediante la Resolución N.º 3.645/25, aceptar 11 de los 35 puntos protestados por las empresas Myru Systems Co. Ltd., Bypar SA y Smartline SA. Las observaciones se centran en los requisitos técnicos y administrativos del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), considerado restrictivo por las firmas que buscan participar del concurso público.
Un llamado de USD 34 millones
El proceso licitatorio prevé un gasto total de USD 34.101.788 (equivalentes a unos G. 240.578 millones) para el alquiler de los equipos que serán utilizados en las elecciones internas y municipales de 2026, previstas para el 7 de junio y el 4 de octubre, respectivamente.
La licitación fue convocada ad referendum del Presupuesto General de la Nación 2026, ante la necesidad de contar con un sistema de votación confiable y operativo antes de los comicios.
El director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, confirmó que el tribunal recibió la notificación oficial de la DNCP y que al día siguiente presentó la adenda con los ajustes solicitados. Si no se presentan nuevas protestas, la DNCP podría fijar una nueva fecha de apertura de sobres el martes 18, reactivando así el calendario licitatorio.
Principales modificaciones
Entre las correcciones dispuestas, el TSJE flexibilizó los criterios de participación en varios aspectos. En el pliego original se exigía que el oferente “acredite ser fabricante” de las máquinas de votación ofrecidas. Con la adenda, esa exigencia pasa a ser una declaración jurada de que el oferente es efectivamente el fabricante, sin requerir documentación adicional inmediata.
Otro cambio significativo afecta al nivel de experiencia previa exigido a las empresas proveedoras. Originalmente, debían demostrar antecedentes en la venta o alquiler de al menos 40% del total de máquinas requeridas (unas 7.200 unidades).
Ahora, esa proporción se redujo a 30% (5.400 máquinas). También se disminuyó de tres a dos procesos electorales la experiencia mínima requerida con sistemas de votación electrónica.
En cuanto al perfil del gerente de proyecto, se redujo de 10 a 8 años la experiencia profesional mínima exigida. Asimismo, el radio permitido para el depósito de resguardo de las máquinas pasó de 20 a 30 kilómetros desde la sede central del TSJE, ubicada sobre la avenida Eusebio Ayala. Estas modificaciones, junto con otras seis de carácter administrativo, fueron incluidas en la adenda presentada.
Garantías y cronograma electoral
Desde el TSJE aseguraron que las correcciones no alteran el cronograma electoral previsto para 2026. La institución subrayó que la adenda responde a exigencias técnicas sin modificar el objeto ni el alcance del contrato. “El proceso sigue su curso con normalidad; lo importante es garantizar transparencia y participación competitiva”, indicaron fuentes internas.
El cronograma del tribunal contempla la firma del contrato a inicios del primer trimestre de 2026, con la entrega y pruebas de los equipos antes de las elecciones internas de junio. El objetivo es que los simulacros de votación se realicen con suficiente antelación para asegurar la capacitación de los funcionarios y el mantenimiento técnico de las máquinas.
Debate en torno al modelo de arrendamiento
El retorno al sistema de alquiler fue bien recibido por algunos sectores políticos y técnicos, que lo consideran más adecuado al contexto presupuestario. Sin embargo, persisten cuestionamientos sobre la sostenibilidad del gasto y la dependencia tecnológica. Legisladores de la oposición insisten en que la prioridad debe ser la auditoría del software y la verificación independiente del hardware antes de cerrar el contrato.
Desde el TSJE, en tanto, defienden el modelo argumentando que el arrendamiento permite modernizar el sistema sin comprometer grandes inversiones a largo plazo. Según el tribunal, el costo de USD 34 millones incluye no solo las máquinas, sino también servicios de logística, soporte técnico, capacitación y mantenimiento, esenciales para el desarrollo de las elecciones municipales.
Si no se presentan nuevas protestas durante los próximos días, el TSJE podrá reprogramar la apertura de sobres y avanzar hacia la etapa de evaluación de ofertas. De cumplirse los plazos previstos, la adjudicación podría concretarse antes de fin de año, garantizando el tiempo suficiente para la preparación de los comicios.
