En la agenda de la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados aparece un proyecto de ley clave para la seguridad, enfocado en la prohibición de ingresar teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos o cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, a los centros penitenciarios y educativos en contextos de encierro.
Este documento legislativo pone énfasis en la urgencia de reforzar la seguridad del sistema penitenciario nacional y en minimizar el poder del crimen organizado dentro de las prisiones.
De acuerdo con la exposición de motivos, “el contrabando de estos aparatos electrónicos en las cárceles propicia delitos como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios e incluso la preparación de evasiones”.
La iniciativa plantea penas de cárcel que van de dos a siete años para los responsables de introducir estos dispositivos, ajustadas según las condiciones del caso y la participación del culpable.
Las sanciones más duras recaerán sobre funcionarios públicos o proveedores oficiales de los penales que infrinjan las reglas, con hasta siete años tras las rejas. El texto también incluye la punición para los intentos de violación.
La exposición de motivos destaca que, a pesar de los intentos de las autoridades por frenar el ingreso de estos elementos, el desafío continúa por fallos en la tecnología y la ausencia de castigos firmes.
“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, advierte un fragmento del documento.
Cifras oficiales indican que, hasta agosto de este año, se han decomisado más de 500 teléfonos móviles en las cárceles, lo que ilustra la magnitud de la situación.
La propuesta insiste en que esta medida no solo pretende blindar a la sociedad contra las operaciones criminales que se gestan desde las prisiones, sino también desalentar a potenciales transgresores con penas más estrictas.
Este proyecto enfrentó el rechazo en la Cámara de Senadores después de su aprobación inicial en la Cámara de Diputados, y ahora avanza en su tercer trámite constitucional.