El TSJE considera necesario reforzar la fiscalización de fondos en campañas políticas y la coordinación entre instituciones públicas. Reconoce avances en la rendición de cuentas, pero señala vacíos en la verificación del dinero que circula en el sistema partidario.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) considera que la transparencia del proceso electoral no depende únicamente del método de votación, sino también del control sobre el dinero que financia las campañas políticas.
El director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, explicó que Paraguay ha registrado avances en materia de rendición de cuentas gracias a la obligatoriedad de las declaraciones juradas de ingresos y gastos de los candidatos, pero señaló que el actual esquema legal requiere ajustes para alcanzar un control más efectivo.
El sistema está regulado por la Ley N.° 4743/2012 y su modificación, la Ley N.° 6501/2020, que establecen un régimen mixto de financiamiento público y privado, con exigencia de transparencia en el uso de los recursos.
Avances en acceso a la información, pero con límites de fiscalización
En los últimos años, el TSJE implementó mecanismos para garantizar la disponibilidad pública de los informes económicos de los partidos y movimientos políticos, permitiendo que cualquier ciudadano consulte los datos en línea. Sin embargo, el proceso continúa dependiendo de la autodeclaración de los propios candidatos.
La ausencia de una verificación cruzada entre organismos como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Contraloría General de la República (CGR) limita la capacidad del Estado para detectar irregularidades en tiempo real.
Ruiz Díaz sostuvo que el siguiente paso debe ser una reforma integral que unifique los sistemas de control financiero y permita una fiscalización coordinada entre las instituciones competentes.
Riesgo de recursos ilícitos en campañas locales y nacionales
El TSJE considera que los riesgos de infiltración de dinero ilícito en la política persisten mientras continúe la circulación de fondos provenientes de actividades como el contrabando, el narcotráfico y la corrupción.
En un contexto de alta competencia interna, donde los propios candidatos asumen el costo de sus campañas, la necesidad de recursos inmediatos puede derivar en aportes no declarados o en la participación de actores ajenos a la política partidaria.
Ruiz Díaz explicó que la prevención de este tipo de situaciones requiere no solo sanciones efectivas, sino una trazabilidad clara de los fondos desde su origen hasta su aplicación.
El voto electrónico y el desafío de la transparencia financiera
El debate sobre la continuidad del sistema de voto electrónico ha reactivado las discusiones sobre la integridad del proceso electoral. Para el TSJE, la tecnología es una herramienta que mejora el escrutinio y reduce errores humanos, pero no sustituye la necesidad de un control financiero robusto.
Según Ruiz Díaz, una elección verdaderamente transparente se logra cuando el escrutinio es público y verificable, y cuando el dinero que respalda las campañas tiene procedencia lícita y comprobada. De esta forma, el fortalecimiento del financiamiento político se presenta como un complemento indispensable al avance tecnológico del sistema electoral.
Experiencias regionales y desafíos para Paraguay
Otros países de la región han desarrollado modelos de control financiero más integrados. En Brasil, el Tribunal Superior Electoral realiza auditorías automatizadas que cruzan datos bancarios, tributarios y fiscales. En México, el Instituto Nacional Electoral aplica controles en tiempo real sobre los gastos de campaña y sanciona de manera inmediata las irregularidades detectadas.
Paraguay, por su parte, mantiene un modelo basado en la revisión posterior de los informes, lo que dificulta detectar aportes ilícitos durante el proceso electoral. Aun así, el TSJE considera que las bases legales actuales son un punto de partida para consolidar un sistema más preventivo y coordinado.
Reforma y coordinación como metas institucionales
De cara a las elecciones municipales del 2026, la autoridad electoral plantea reforzar el control financiero como eje prioritario para garantizar la legitimidad de los comicios. El fortalecimiento de la trazabilidad de los fondos, la cooperación con instituciones de control financiero y la digitalización del monitoreo forman parte de los objetivos que el TSJE pretende impulsar en su agenda.
Según Ruiz Díaz, el desarrollo cívico y cultural de los electores también influye en la calidad del sistema representativo. La transparencia del financiamiento político, sumada a la confianza en el voto electrónico, se presentan como condiciones esenciales para mantener la integridad del sistema democrático.