La Cámara de Diputados incluirá en el orden del día de su próxima sesión ordinaria el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renaped) y el Sistema Nacional de Alerta Inmediata para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (Mafe). La propuesta, que fue modificada por la Cámara de Senadores, tiene como objetivo establecer un protocolo único de acción ante casos de desapariciones en el país y surge a partir del asesinato de la joven María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo.
Según la exposición de motivos, el proyecto responde a la necesidad de modernizar los mecanismos de búsqueda y localización, en un contexto donde en lo que va del año se reportaron más de 900 denuncias de desaparición en distintas zonas del país. La propuesta plantea un modelo articulado entre las instituciones del Estado y los gobiernos locales, para reaccionar de manera inmediata ante los reportes de desaparición y garantizar una respuesta eficaz durante las primeras horas, consideradas críticas para la localización de una persona.
Estructura institucional para la búsqueda
La iniciativa prevé la creación de la Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (DNPD), que estará bajo dependencia del Ministerio del Interior y operará a través de la Comandancia de la Policía Nacional. Esta dirección será la encargada de centralizar la información sobre desapariciones y coordinar la acción interinstitucional con el Ministerio Público, gobiernos municipales y entidades sociales.
El proyecto establece que la DNPD deberá recopilar y sistematizar información de personas desaparecidas, implementar protocolos de búsqueda inmediata y coordinar con las fiscalías la difusión pública de datos relevantes. Además, contempla la asistencia psicológica y social a familiares, el seguimiento permanente de los casos y la presentación de informes trimestrales sobre avances y resultados.
La propuesta también plantea vínculos con organismos internacionales especializados, a fin de incorporar tecnología y buenas prácticas aplicadas en otros países, que ya cuentan con sistemas de alerta y registro unificados.
La Alerta Mafe, un sistema similar a la Amber
Una de las principales innovaciones del proyecto es la implementación del sistema de “Alerta Mafe”, que toma como modelo la Alerta Amber utilizada en varios países para casos de desaparición de menores. Este mecanismo busca emitir avisos inmediatos y masivos a través de medios de comunicación, plataformas digitales y notificaciones telefónicas con un sonido distintivo de emergencia, permitiendo la difusión rápida de información que pueda conducir a la localización de la persona desaparecida.
La Alerta Mafe podrá activarse en casos de niños, niñas, adolescentes y adultos cuya desaparición suponga riesgo inminente para la vida o seguridad personal. A diferencia de los procedimientos actuales, la ley elimina el requisito de esperar un tiempo mínimo para presentar la denuncia, permitiendo que la búsqueda se inicie de forma inmediata tras la notificación del hecho.
Este cambio responde a uno de los reclamos más frecuentes de las familias afectadas, que cuestionan la falta de reacción temprana de las autoridades. Con el nuevo sistema, las comisarías estarán obligadas a activar el protocolo de búsqueda sin dilaciones, remitiendo los datos al Renaped y a la DNPD para la coordinación nacional.
Una respuesta legislativa tras una tragedia
La llamada Ley Mafe nació como iniciativa de legisladores que impulsaron un cambio estructural en la forma en que el Estado responde ante las desapariciones. Su nombre rinde homenaje a María Fernanda Benítez, joven asesinada luego de haber sido reportada como desaparecida, un caso que generó una amplia movilización social en reclamo de mecanismos eficaces de búsqueda.
El proyecto, presentado originalmente en el Senado, fue modificado durante su tratamiento para ajustar las competencias institucionales y reforzar la coordinación intersectorial, con el propósito de evitar duplicación de funciones entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. Las comisiones asesoras recomendaron su aprobación con las modificaciones introducidas, por lo que el texto será analizado por el pleno de Diputados en la sesión ordinaria del martes próximo.
En caso de ser aprobado, el Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 90 días, estableciendo el funcionamiento operativo del Renaped, la designación de la autoridad de aplicación y los mecanismos de financiación.
Desafíos para su implementación
Especialistas consultados por la Comisión de Legislación destacaron la importancia de que el sistema se apoye en tecnología de geolocalización y bases de datos interconectadas, además de campañas públicas que informen a la ciudadanía sobre cómo activar la alerta. Señalaron que la efectividad dependerá del nivel de coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y los medios de comunicación, actores fundamentales para la difusión inmediata.
El proyecto también contempla la capacitación de agentes policiales y funcionarios municipales en el manejo de denuncias y protección de datos personales, con el fin de garantizar la seguridad de la información y el respeto a la privacidad de las familias involucradas.