En su exposición de motivos, la legisladora subraya que estos problemas vulneran derechos fundamentales y perpetúan la marginación, proponiendo un programa de trabajo voluntario y remunerado en condiciones dignas, que permita a los reclusos adquirir habilidades laborales y contribuir parcialmente a los costos de su estancia, rompiendo el ciclo de exclusión.
Evitar trabajos forzados
La iniciativa enfatiza el respeto a estándares internacionales de derechos humanos, alineándose con convenios de la Organización Internacional del Trabajo para evitar trabajo forzado o explotador.
El proyecto menciona que estudios citados demuestran que la capacitación laboral reduce significativamente la reincidencia, al fomentar subsistencia, responsabilidad y disciplina.
“Es imperativo establecer mecanismos que permitan la generación de empleo dentro de los establecimientos penitenciarios, no solo como herramienta de rehabilitación, sino también como medio para aliviar la carga económica del sistema carcelario”, señala el documento.
Talleres productivos
El proyecto prevé la creación de talleres productivos en penales, servicios comunitarios y convenios con empresas privadas para contratar mano de obra carcelaria bajo estrictos controles laborales. Un aspecto clave es la certificación oficial de competencias adquiridas, que respalda la experiencia de los internos al salir en libertad.
“La falta de un historial laboral formal es una de las principales barreras que enfrentan los exreclusos al intentar acceder a un empleo en libertad”, explicó la parlamentaria.
En cuanto a la remuneración, se establece un salario no inferior al 70% del mínimo vigente, con beneficios laborales básicos.
Los ingresos se distribuirán en fondos para sostenibilidad del programa, ahorro personal, reparación a víctimas, mantenimiento de la iniciativa y asistencia social a internos vulnerables.
Foto: El proyecto contempla incentivos fiscales para empresas participantes, incluyendo reducciones impositivas.