José Rodríguez y Alejandro Aguilera advirtieron que el sistema carcelario no está preparado para sostener la prisión permanente revisable ni penas agravadas a menores. Rubén Rubín defiende su proyecto como una deuda con las víctimas.
El debate sobre la posibilidad de incorporar la figura de la prisión permanente revisable al sistema penal paraguayo reavivó la discusión sobre las condiciones del sistema penitenciario nacional y la pertinencia de aplicar condenas más severas, incluso a menores de edad.
El proyecto, presentado por el diputado Rubén Rubín, busca establecer una pena que permita la revisión judicial tras un período prolongado de cumplimiento efectivo, siguiendo modelos implementados en otros países.
Desde dos comisiones clave del Congreso, las de Asuntos Constitucionales y Legislación, surgieron posiciones críticas que advierten sobre la inviabilidad de la propuesta en las condiciones actuales del país. Tanto José Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, como Alejandro Aguilera, vicepresidente de Legislación, coincidieron en que Paraguay carece de la infraestructura, el marco jurídico y los mecanismos institucionales necesarios para aplicar este tipo de medidas.
“No están dadas las condiciones”
El diputado Rodríguez explicó que la intención de fortalecer el régimen penal no puede desligarse de la realidad carcelaria. Señaló que las penitenciarías del país operan en condiciones no recomendadas para menores, con hacinamiento y deficiencia en la separación entre procesados y condenados.
“El modelo de prisión permanente revisable requiere un sistema celular efectivo, con aislamiento de internos peligrosos y monitoreo constante. Hoy eso no existe en Paraguay”, sostuvo. Rodríguez indicó además que antes de debatir penas agravadas, incluso para menores de edad, el Estado debe garantizar infraestructura, capacitación de personal penitenciario y políticas de reinserción efectivas para menores.
Cuestionamientos a la efectividad del aumento de penas
El diputado Alejandro Aguilera coincidió en que el endurecimiento de las penas no resolverá la crisis de seguridad. Afirmó que el país necesita una estrategia más amplia, centrada en la prevención del delito y en la educación, especialmente entre los jóvenes.
“Endurecer el castigo a menores o crear figuras perpetuas no soluciona el problema de fondo. Las cárceles hoy son espacios de reproducción del delito, no de rehabilitación. Si no cambiamos la lógica, el resultado será el mismo”, advirtió Aguilera.
El legislador subrayó que el debate debe incorporar también la realidad del sistema judicial, la falta de defensores públicos y la limitada capacidad de evaluación psicológica de los internos. A su criterio, cualquier reforma penal debe ir acompañada de una reforma institucional profunda.
Rubín sostiene que es una deuda con las víctimas
Por su parte, el diputado Rubén Rubín, autor del proyecto, defendió su iniciativa señalando que la prisión permanente revisable busca responder a un reclamo legítimo de la ciudadanía ante crímenes de extrema gravedad. Considera que la Justicia paraguaya ha quedado rezagada frente a las demandas sociales de reparación y proporcionalidad.
“La figura no implica una condena sin salida, sino la posibilidad de revisión judicial tras décadas de cumplimiento. Es un equilibrio entre justicia y humanidad. Las víctimas tienen derecho a sentir que el Estado las ampara”, expresó.
Rubín reconoció las deficiencias del sistema penitenciario, pero argumentó que su propuesta debe servir para impulsar la modernización de las cárceles. “El debate no puede frenarse por las carencias. Al contrario, debe ser el punto de partida para reformar el sistema y garantizar que los crímenes más graves tengan sanciones ejemplares”, dijo.
El proyecto de Rubín continuará en estudio en la Cámara de Diputados, con la previsión de incluir en los próximos días a representantes del Ministerio de Justicia y de la Corte Suprema para ampliar el análisis técnico.