La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados analizó el proyecto de ley que modifica el Código de la Niñez y de la Adolescencia, en el punto que propone aumentar las sanciones carcelarias aplicables a menores de edad infractores.
La iniciativa se centra especialmente en los adolescentes que cometan hechos punibles graves, como homicidios u otros delitos de alta gravedad. Actualmente, el marco legal vigente establece una pena máxima de hasta ocho años de privación de libertad, y lo que se plantea ahora es elevar ese límite hasta quince años.
Durante el encuentro, los legisladores debatieron los alcances jurídicos y sociales de la propuesta, considerando la proporcionalidad de las sanciones y la situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Tras el análisis, la comisión resolvió emitir dictamen en mayoría a favor de ratificar la sanción otorgada previamente por la Cámara de Senadores. Con ello, el proyecto será elevado al pleno de la Cámara de Diputados, donde se prevé su tratamiento y votación en las próximas sesiones ordinarias.
Comparación con legislaciones de otros países
En el marco de la discusión, los miembros de la comisión revisaron diferentes textos normativos vigentes en la región, con el fin de establecer comparaciones sobre los límites de las penas aplicables a menores de edad.
Se citaron ejemplos de Brasil, Colombia, México y Argentina, países en los que la legislación contempla sanciones más extensas que la vigente en Paraguay. En la mayoría de estos casos, el promedio general de penas alcanza hasta quince años de prisión, y en algunos ordenamientos incluso se registran penas de hasta treinta años en circunstancias específicas.
Los parlamentarios consideraron que el estudio de esas referencias internacionales ayuda a contextualizar el debate local, dado que la normativa paraguaya es una de las más flexibles de la región en cuanto a las penas aplicables a adolescentes que cometen delitos graves. Este punto fue uno de los fundamentos más destacados durante la sesión y orientó el dictamen emitido en mayoría.
Preocupación por el uso de adolescentes en delitos graves
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales explicó que uno de los motivos centrales del debate es la creciente preocupación por el uso de menores de edad por parte de estructuras criminales. Según señaló, existen casos en los que adolescentes son reclutados por organizaciones delictivas para cometer asesinatos por encargo, conocidos comúnmente como sicariatos. Esta práctica se vincula directamente a la baja penalidad establecida en la legislación actual.
“Lo que hacen es utilizar a estos menores, sabiendo los pocos años de pena que tienen como sanción en caso de ser hallados culpables. Ocho años es el máximo que hoy está vigente. Incluso, a los seis meses del hecho punible ya podría estar de vuelta en libertad esa persona que eventualmente sea condenada; o que eventualmente se le haya juzgado por un delito grave”, expresó el legislador.
Esa consideración fue uno de los argumentos principales de la comisión para acompañar la posición del Senado y avanzar en el dictamen favorable.
Trámite legislativo pendiente
Con el dictamen en mayoría, el documento pasa ahora al pleno de la Cámara de Diputados, que deberá analizar el texto aprobado por el Senado y definir si lo ratifica o propone modificaciones. En caso de que la Cámara Baja apruebe sin cambios la versión proveniente del Senado, el proyecto quedará en condiciones de ser remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Por el contrario, si Diputados introduce modificaciones, el texto deberá regresar a la Cámara Alta para su nueva consideración.
El debate en el pleno podría incluir también planteamientos adicionales sobre la aplicación de las medidas socioeducativas y el seguimiento de los adolescentes que cumplen condenas. No obstante, la discusión central se mantiene enfocada en el aumento del máximo de la pena, con el objetivo de responder al creciente uso de menores en hechos punibles de extrema gravedad.
Un debate que marca posición
El análisis realizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales deja en evidencia una postura mayoritaria dentro de la Cámara de Diputados a favor de endurecer las penas establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia. La propuesta se enmarca en un contexto de debate nacional sobre la participación de menores en hechos delictivos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, sin perder de vista el carácter diferenciado del régimen penal juvenil.
El proyecto, impulsado inicialmente en la Cámara Alta y ratificado ahora por esta comisión, se perfila como uno de los temas más relevantes en la agenda legislativa vinculada a la seguridad pública y la justicia penal juvenil. Su tratamiento en el pleno de Diputados definirá el rumbo final de la iniciativa y determinará si el país avanza hacia un régimen sancionatorio más severo para los adolescentes infractores.