El presidente Santiago Peña actualizó su declaración jurada de bienes y rentas y pidió a la Contraloría General de la República realizar una revisión completa de su patrimonio. El mandatario afirmó que su gestión y sus ingresos se sustentan en documentos verificables y recursos lícitos, en respuesta a publicaciones que cuestionaron su situación financiera.
Peña remitió una nota formal al contralor general de la República, Camilo Benítez, en la que solicitó la revisión integral de sus bienes, tras actualizar su declaración jurada con corte al 30 de septiembre de 2025.
La solicitud fue presentada de manera voluntaria, según explicó el propio mandatario, con el propósito de transparentar su situación patrimonial y responder a las críticas y publicaciones que apuntan a su entorno familiar y financiero.
En el documento dirigido a la Contraloría, el jefe de Estado invocó el artículo 283 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 5.033/2013, que faculta al órgano de control a realizar exámenes de consistencia sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos. Peña pidió que este proceso se lleve a cabo antes de la conclusión de su mandato, pese a que la normativa prevé su ejecución al término del cargo.
Transparencia y defensa institucional
En su mensaje público, difundido a través de las redes sociales, el mandatario expresó que actúa “con la tranquilidad de quien ha trabajado siempre con honestidad” y aseguró que sus bienes están plenamente respaldados por documentos y registros oficiales.
Reiteró su compromiso con la transparencia al sostener que “la ciudadanía tiene derecho a saber que su presidente no tiene absolutamente nada que esconder”.
El presidente fundamentó su pedido en la necesidad de resguardar su nombre y la integridad institucional de la Presidencia, frente a informaciones que calificó de “falsas e inexactas”. Solicitó a la CGR no solo la revisión técnica de los datos, sino también la publicación del dictamen final para conocimiento público.
Detalles del pedido remitido a la Contraloría
En la nota enviada al contralor Benítez, Peña pidió la realización de un “examen de correspondencia” de sus declaraciones juradas, conforme a los numerales 4, 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 5.033/2013. Solicitó además que los resultados del análisis sean difundidos una vez concluido el control, a fin de garantizar la transparencia del proceso y el acceso ciudadano a la información.
El mandatario subrayó que el incremento patrimonial registrado entre su última declaración presentada en 2017 al dejar el cargo de ministro de Hacienda y la actual se debe exclusivamente a ingresos obtenidos en el sector privado. Afirmó que esos recursos fueron declarados ante la administración tributaria y gravados conforme a la legislación vigente.
Contexto y fundamentos constitucionales
El artículo 283 de la Constitución Nacional confiere a la Contraloría General la función de analizar y evaluar la consistencia de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos, mientras que la Ley N.º 5.033/2013 reglamenta el procedimiento y los plazos de dicho examen. Si bien el control suele realizarse al finalizar el mandato, Peña solicitó que se adelante el proceso como una medida de rendición de cuentas ante la opinión pública.
El mandatario explicó que su pedido busca reafirmar la confianza ciudadana en las instituciones y demostrar que los ingresos obtenidos durante su vida profesional son legítimos y están debidamente respaldados.
Compromiso de transparencia ante cuestionamientos
El presidente destacó además que la solicitud no solo responde a los cuestionamientos recientes, sino que busca reforzar la política de transparencia y control dentro de su administración. Según lo anunciado, la CGR deberá analizar la documentación y emitir un dictamen sobre la correspondencia entre las declaraciones presentadas por el mandatario desde 2017 hasta la fecha.