El proyecto de un grupo de diputados, remitido al Ministerio de Justicia, propone aprovechar la infraestructura del antiguo reclusorio para ofrecer atención médica, terapéutica y programas de reinserción social.
Cuatro diputados nacionales presentaron una propuesta para transformar la excárcel de mujeres del Buen Pastor en un centro de tratamiento integral de adicciones. Remitieron la iniciativa al Ministerio de Justicia para analizar la posibilidad de otorgar un nuevo uso social al edificio que funcionó como penal durante más de un siglo.
El planteamiento fue suscrito por los legisladores Johanna Ortega, Adrián “Billy” Vaesken, Hugo Meza y Raúl Benítez. En el documento dirigido al ministro Rodrigo Nicora, los parlamentarios argumentan que el país enfrenta un incremento sostenido en el consumo de drogas, especialmente entre jóvenes y adolescentes, por lo que consideran necesario destinar recursos y espacios públicos a la atención y rehabilitación de quienes padecen esta problemática.
Según estimaciones del Ministerio del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), alrededor de 90.000 jóvenes menores de 25 años presentan consumo problemático de estupefacientes. Esta cifra, de acuerdo con los legisladores, exige una respuesta coordinada entre las instituciones del Estado para promover la recuperación, la contención y la reinserción social.
El edificio del Buen Pastor, cerrado recientemente tras 106 años de funcionamiento, se encuentra bajo la administración del Ministerio de Justicia. Hasta su clausura definitiva, el penal albergaba a más de 500 internas, a las que trasladaron al nuevo complejo penitenciario de mujeres en Emboscada. Tras el cierre, aún no se definió oficialmente el destino del predio ubicado en el barrio Recoleta de Asunción.
Coordinación interinstitucional para la atención integral
El proyecto legislativo propone que el eventual centro de tratamiento funcione con la participación de varios organismos del Estado. Se menciona la intervención de los Ministerios de Salud Pública, Educación, Desarrollo Social y la Secretaría Nacional Antidrogas.
La articulación entre estas instituciones permitiría un enfoque integral que combine la atención médica y psicológica con la capacitación laboral y la reinserción social.
De acuerdo con el texto presentado, el centro podría ofrecer servicios de diagnóstico, tratamiento y acompañamiento terapéutico, además de talleres educativos orientados a prevenir recaídas y promover la autonomía de los beneficiarios. También se plantea que el espacio sirva como punto de referencia para programas de prevención del consumo en comunidades vulnerables.
La propuesta busca aprovechar la infraestructura existente, que cuenta con amplios espacios, patios y sectores que podrían adaptarse a fines sanitarios y educativos. Los diputados aclaran que los organismos técnicos competentes deberán evaluar cualquier modificación estructural antes de su implementación.
Contexto del cierre del predio del Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia anunció el cierre definitivo del Buen Pastor en septiembre, luego de más de un siglo de funcionamiento como establecimiento penitenciario de mujeres. El traslado de las internas se concretó al nuevo complejo de Emboscada, construido con mayores condiciones de seguridad y espacio.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, había señalado tras el cierre que el Gobierno analizaría alternativas para aprovechar el predio del Buen Pastor en beneficio de la ciudadanía, sin precisar entonces cuál sería su destino.
En ese contexto, surgió la propuesta legislativa presentada esta semana, que busca orientar el uso del inmueble hacia la atención de adicciones, un tema que, según las estadísticas oficiales, muestra una tendencia al alza en el país.
Fuentes del Ministerio del Interior informaron que los casos de consumo de drogas están directamente relacionados con la violencia urbana y con la comisión de delitos menores, lo que refuerza la necesidad de programas de rehabilitación y acompañamiento sostenido.
Próximos pasos y análisis institucional
El documento presentado por los diputados fue remitido a la cartera de Justicia para su evaluación. A partir de este punto, la decisión sobre el uso del inmueble dependerá de los estudios técnicos y de la viabilidad presupuestaria del proyecto. Si el Ministerio lo considera factible, deberá coordinar con las demás instituciones involucradas para definir un plan de implementación gradual.
Hasta el momento, no existe una resolución oficial sobre el futuro del predio. Las autoridades del Ministerio de Justicia reiteraron que el objetivo es utilizarlo con un fin que beneficie al conjunto de la sociedad.
