Nakayama expresó que la presentación careció de un debate previo serio dentro del Congreso. Según afirmó, los senadores deben analizar y juzgar hechos comprobables, no firmar documentos armados sin suficiente respaldo.
Subrayó que, en caso de existir elementos sólidos que ameriten un eventual juicio político, el procedimiento debería surgir de una acusación de la Cámara de Diputados, para que los senadores ejerzan su rol como juzgadores.
El parlamentario advirtió sobre el riesgo de involucrarse en lo que calificó como un plan ajeno al rol legislativo. Aseguró que no estaba dispuesto a ser parte de una estrategia diseñada por terceros y pidió que los abogados que elaboraron el documento asuman la responsabilidad directa de la acusación.
Críticas cruzadas entre legisladores
La decisión de Nakayama de no firmar generó incomodidad en otros miembros de la bancada democrática que sí acompañaron la denuncia. El senador Rafael Filizzola respondió a través de la red X que, si bien respeta la posición de su colega, rechaza que se los califique de “estúpidos” y pidió honestidad en el debate interno.
El documento presentado por ocho legisladores de oposición atribuye al presidente posibles hechos punibles como enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, tráfico de influencias, lavado de dinero y abuso de poder.
La mirada de la Fiscalía General
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, fue consultado sobre la denuncia presentada. Señaló que no toda acción judicial es suficiente para abrir una investigación formal y que deben cumplirse requisitos legales específicos.
Explicó que la legislación actual exige contar con información lógica, creíble y verificable, y no solo con suposiciones o testimonios. Subrayó que las acusaciones deben estructurarse de manera coherente, con elementos de prueba que permitan dar inicio a un proceso investigativo.
En ese sentido, Rolón remarcó que la denuncia basada en versiones sobre supuestos sobres con dinero carece de la solidez necesaria. Aclaró que la Fiscalía no puede avanzar únicamente con relatos aislados o menciones públicas, sino que requiere datos verificables y documentados.
Presunción de inocencia
El fiscal general recordó que al presidente de la República le asiste la presunción de inocencia, principio que debe aplicarse hasta la existencia de una sentencia firme y definitiva. Destacó que, mientras tanto, cualquier persona investigada debe ser tratada como inocente en todas las instancias.
Rolón insistió en que la mera existencia de una denuncia no es suficiente para sostener un proceso penal, dado que la normativa vigente exige un estándar de información más alto para iniciar una carpeta fiscal.
Contexto de las denuncias
La acusación contra Peña se suma a otra presentada días antes por un grupo de abogados y exlegisladores, basada en publicaciones periodísticas y declaraciones de una exempleada de la residencia presidencial. Ambas denuncias sostienen versiones sobre la supuesta existencia de sobres con dinero, pero hasta ahora no han sido acompañadas por pruebas materiales.
Nakayama insiste en que corresponde un análisis más profundo antes de acompañar acusaciones de esta magnitud.