Encina relató que en la última semana ingresaron más de 400 procesos de licitaciones públicas nacionales, lo que refleja la magnitud del trabajo que asume la institución cada cierre de año. En el caso particular del MEC, el plazo para que las partes presenten sus descargos vencía en la medianoche del día señalado, tras lo cual la DNCP iniciaría formalmente su evaluación.
El director subrayó que el procedimiento comienza cuando las instituciones convocantes envían los pliegos de bases y condiciones. Estos son verificados por la Dirección de Normas y Control de la DNCP mediante un sistema pionero en el mundo: 46 “banderas rojas” que se encienden automáticamente para advertir sobre posibles irregularidades, como cláusulas que limitan la competencia o reducen la transparencia.
“Paraguay es el único país que cuenta con este sistema anticorrupción preventivo. En otras partes del mundo, los organismos de contrataciones solo intervienen si hay una protesta, mientras que aquí se monitorea desde el inicio”, enfatizó Encina.
El proceso incluye una etapa de consultas, donde los posibles oferentes pueden solicitar ajustes en los pliegos. Por ejemplo, si una condición favorece exclusivamente a grandes empresas y deja fuera a las mipymes, los proveedores tienen derecho a pedir que se amplíen los parámetros. Si la respuesta no es satisfactoria o no llega a tiempo, pueden presentar una protesta formal ante la DNCP hasta tres días antes de la apertura de sobres.
Al recibir la protesta, el organismo tiene la potestad de obligar a la institución convocante a modificar su pliego si se confirma que hubo limitaciones indebidas. Durante ese tiempo, el proceso queda automáticamente suspendido hasta que se resuelva la controversia.
Encina destacó que, gracias a la nueva administración, se establecieron plazos estrictos que evitan la “tranca” histórica de la DNCP. Hoy, una protesta debe resolverse en un máximo de 35 días corridos, y los pliegos ingresados son analizados en un plazo de apenas tres días por los verificadores.
Otro aspecto que resaltó el director es el nivel de transparencia alcanzado: “La DNCP es número dos en el mundo en producción de datos de compras públicas. Eso significa que cualquier ciudadano puede acceder en línea a información detallada de los procesos, algo que muy pocos países ofrecen”.
El marco legal vigente, con la Ley 721, además introduce criterios múltiples de evaluación. Ya no se mide únicamente el precio y la calidad, sino que pueden incorporarse variables como la sostenibilidad ambiental, social o económica, la eficiencia y la funcionalidad. Esto permite que los procesos sean más integrales y se adapten a la naturaleza de cada proyecto.
Sobre la licitación de materiales educativos, Encina reiteró que aún no corresponde emitir juicios mientras no se analicen los descargos presentados por las partes. “Lo que puedo garantizar es que el proceso se resolverá dentro de los plazos y bajo el marco de transparencia que hoy caracteriza a la DNCP”, aseguró.
El caso del MEC, como muchos otros, pone de manifiesto la importancia de un sistema sólido de control y la necesidad de que oferentes e instituciones se ajusten a reglas claras. Para el titular de la DNCP, más allá del ruido mediático que puedan tener ciertos procesos, lo esencial es que la ciudadanía comprenda que existen mecanismos de defensa de la competencia y prevención de la corrupción, únicos en la región y reconocidos a nivel mundial.
La educación es uno de los sectores más sensibles para el país, y el proceso de adquisición de materiales educativos genera un interés especial en la opinión pública. Sin embargo, el director remarcó que la confianza debe estar puesta en la institucionalidad: “Cada decisión se toma sobre la base de criterios técnicos, con trazabilidad y acceso a la información pública. Ese es el compromiso de la DNCP”.