La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la propuesta de ley que eleva la pena máxima de privación de libertad para menores de edad que cometen crímenes. El proyecto, que modifica el artículo 207 de la Ley N.º 1.680, Código de la Niñez y la Adolescencia, ya contaba con media sanción del Senado y fue devuelto a la cámara de origen para su tercer trámite constitucional.
La propuesta original establecía pasar de 8 a 15 años el máximo de privación de libertad aplicable a adolescentes de entre 14 y 17 años responsables de hechos punibles calificados como crímenes por el derecho penal común. Tras el análisis en Diputados, se resolvió que el máximo aplicable será de 10 años, en circunstancias excepcionales.
Dictamen de comisión
La decisión de modificar el texto provino del dictamen de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed. La legisladora explicó en el pleno que la redacción aprobada señala: “Excepcionalmente, el juez competente podrá disponer la aplicación de una medida privativa de libertad por un plazo máximo de hasta 10 años, siempre que, atendidas las circunstancias del hecho y las condiciones personales del adolescente, se concluya que ninguna otra medida resulta suficiente para alcanzar los fines de educación, protección y reinserción social previstos en este Código”.
En el debate se recordó que el artículo 207 del Código vigente establece actualmente un máximo de 8 años de privación de libertad para adolescentes en conflicto con la ley penal que cometan crímenes. Con la modificación introducida, se amplía el margen hasta 10 años en casos excepcionales definidos por el juez, manteniendo el enfoque de reinserción social.
Exposición de motivos
Los impulsores de la reforma sostuvieron que las estructuras delictivas recurren a la utilización de menores de edad para la comisión de crímenes, amparados en que las sanciones previstas por la legislación actual son más leves que las del régimen penal común. El documento aprobado en Diputados incorpora en su exposición de motivos que “las estructuras delictivas organizadas se valen de menores de edad para la ejecución de delitos y crímenes, sabiendo que estos recibirán sanciones reducidas o medidas socioeducativas leves, lo que no solo socava la autoridad del Estado, sino que también expone a los propios menores a contextos de violencia, abuso y muerte”.
Cambios específicos del proyecto
Además de fijar en 10 años la pena máxima en casos excepcionales, el texto aprobado contempla varios elementos adicionales. Entre ellos figura la obligación de una evaluación pericial que determine la capacidad de discernimiento del adolescente procesado, requisito indispensable para la aplicación de una medida privativa de libertad.
También se plantea la implementación de un sistema mixto de responsabilidad penal juvenil. Este esquema combinaría sanciones proporcionales a la gravedad del hecho cometido con programas de rehabilitación y reinserción. El objetivo es que las sanciones no se limiten únicamente a la privación de libertad, sino que incluyan medidas educativas, formativas y sociales.
Otro punto incluido en el documento es la incorporación de criterios de proporcionalidad, reincidencia y evaluación de la madurez psíquica del infractor, con el fin de que las resoluciones judiciales puedan tomar en cuenta distintos factores antes de determinar la sanción.
Próximos pasos del trámite
Con las modificaciones introducidas, el proyecto aprobado en Diputados debe regresar al Senado para un nuevo estudio. En la cámara de origen se analizará nuevamente el documento y se determinará si se ratifica la versión original de 15 años de pena máxima o se aceptan los cambios introducidos en la Cámara Baja.


