El diputado Miguel del Puerto defendió la propuesta y señaló que el texto tiene como finalidad establecer un marco legal que resguarde la información privada de los ciudadanos sin afectar la tarea de la prensa ni el acceso a datos de interés público.
Según el legislador, la discusión se politiza en los últimos meses, desviando el enfoque del objetivo inicial. El legislador afirmó que en los últimos meses la discusión se politiza, desviando el enfoque del objetivo inicial. Destacó que el proyecto busca establecer reglas claras para impedir que los datos personales se utilicen de manera indebida, especialmente en espacios digitales donde páginas anónimas difunden información sin identificar a sus responsables.
Del Puerto aclaró que la iniciativa no busca restringir la libertad de expresión ni limitar el acceso a información sobre funcionarios. Señaló que se pretende alcanzar un equilibrio entre la protección de la vida privada y el derecho ciudadano a conocer informaciones de interés colectivo.
Buscan equilibrio entre privacidad y transparencia
El diputado subrayó que el proyecto contempla la necesidad de proteger la privacidad de todas las personas, incluidas las figuras públicas, sin impedir el trabajo periodístico. Resaltó que los medios de comunicación seguirán teniendo acceso a datos relevantes que contribuyan a la transparencia, pero insistió en que también debe resguardarse la intimidad de las familias de los funcionarios.
Indicó que existen ejemplos de cómo datos sensibles, como los consignados en declaraciones juradas, son utilizados con fines malintencionados por sitios en internet que operan sin responsabilidad ni trazabilidad. Ante esa situación, dijo que la normativa pretende ordenar el manejo de la información y garantizar que su divulgación se realice de forma confiable y verificable.
Próxima definición en Diputados
La Cámara de Diputados prevé definir la próxima semana este proyecto, incluido dentro del orden del día del 23 de septiembre. El texto ya cuenta con media sanción del Senado, que lo aprobó con modificaciones y lo devolvió a la Cámara Baja para su análisis. Desde el 12 de agosto, la iniciativa no figuraba en la agenda legislativa, lo que generó reclamos de organizaciones civiles y sectores vinculados a la protección de derechos digitales.
Del Puerto reiteró que la intención es que la normativa sirva como garantía para la protección de datos personales en Paraguay. Agregó que, al mismo tiempo, se debe asegurar que la información que llegue a la ciudadanía sea veraz y cuente con respaldo, evitando que páginas sin identificación utilicen datos de forma distorsionada.