La reforma del transporte público volvió al centro del debate nacional tras la media sanción otorgada por la Cámara de Senadores al proyecto de ley que busca transformar el sistema. La propuesta, impulsada por el Ejecutivo y modificada en el Congreso, incorpora 22 cambios al texto original, pero abre un escenario de tensiones que involucra a usuarios, trabajadores y operadores.
Durante la sesión extraordinaria del martes, los senadores aprobaron, entre otros puntos, la obligación de garantizar un servicio de 24 horas en el área metropolitana, así como un aumento en las multas por infracciones, que pasarán de un jornal mínimo a 200 jornales. También se dispuso que los nuevos operadores deberán incorporar a choferes con al menos dos años de antigüedad en las líneas reemplazadas, aunque con la posibilidad de evaluarlos bajo criterios de “idoneidad”.
Choferes temen quedar sin garantías
Este último punto desató la polémica. Gerardo Giménez, titular de los trabajadores del transporte, advirtió que la ley suele quedar en el papel y no se cumple en la práctica. “No hay una garantía jurídica real de que los choferes no queden en la calle”, expresó, al recordar que el Gobierno incumplió acuerdos previos, como la instalación de una mesa de trabajo. Denunció además que los trabajadores fueron “marginados y discriminados” en el proceso de discusión.
En la misma línea crítica, Mauricio Maluff, dirigente de Opama, reconoció avances parciales, como el servicio de 24 horas y el aumento de sanciones, pero insistió en que el texto mantiene serias debilidades. Una de ellas es la limitación al derecho de huelga, ya que obliga a mantener en operación el 70 % de la flota en horas pico y el 60 % en horarios normales. “Eso restringe la capacidad de los trabajadores de defender sus derechos”, afirmó.
Condiciones laborales y calidad del servicio
Maluff subrayó la relación directa entre condiciones laborales y calidad del servicio. Señaló que persisten prácticas ilegales como el pago “por redondo” en lugar de salarios fijos, lo que obliga a los choferes a conducir de manera riesgosa. “Las condiciones de los trabajadores son las condiciones en que viajan los pasajeros. No son temas separados, van de la mano”, puntualizó.
La preocupación de gremios y usuarios se refuerza con la investigación publicada por el Dr. Julio Torales en el Journal of Transport & Health. El estudio, realizado con 918 personas en el área metropolitana de Asunción, reveló que el actual sistema de transporte contribuye al malestar emocional de la población, generando altos niveles de ansiedad, estrés y frustración por los largos tiempos de espera, la falta de higiene, la inseguridad y la pérdida de más de dos horas diarias en desplazamientos.
Transporte y salud mental
El equipo de Torales diseñó el Cuestionario sobre el Uso del Transporte Público y Bienestar Emocional (QUPTW), la primera herramienta en la región para medir el impacto del transporte en la salud mental. Los resultados muestran que las deficiencias del sistema afectan no solo la rutina de los pasajeros, sino también su equilibrio emocional, generando una sensación de vulnerabilidad e inseguridad. “Mejorar el transporte público no es solo un tema de movilidad, sino también de salud mental y calidad de vida”, concluye el estudio.
En este escenario, la reforma aprobada por el Senado refleja un intento de ordenar un sector marcado por décadas de incumplimientos, pero genera más dudas que certezas. Para los gremios, el desafío será garantizar que la letra de la ley se traduzca en protección efectiva para los trabajadores. Para los usuarios, la prioridad es que las modificaciones se conviertan en un servicio digno, seguro y accesible.
La discusión pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera un debate intenso. Mientras tanto, los sindicatos anuncian posibles huelgas si no se cumplen las promesas, y la ciudadanía, atrapada en un sistema deficiente, aguarda que esta vez la reforma represente el inicio de un verdadero cambio.