Camilo Benítez rechazó renunciar a la Contraloría General de la República y sostuvo que enfrentará un eventual juicio político, aun si termina destituido. Su respuesta abre una disputa sobre la actuación de los organismos de control ante el patrimonio de Santiago Peña: qué información tuvieron, qué verificaron y qué hicieron con los hallazgos.
El contralor también defendió el alcance del examen de correspondencia y atribuyó a la Fiscalía la falta de una investigación más profunda. La oposición, en cambio, cuestiona que el resultado favorable haya contribuido a despejar las sospechas sobre el expresidente. Son posiciones enfrentadas que deben contrastarse con el expediente, sus anexos y lo actuado.
Un antecedente permite ordenar la secuencia. El 25 de mayo de 2026 la Contraloría había remitido su examen al Ministerio Público el 13 de ese mes. Ahora, Benítez sostiene que el envío también contenía omisiones detectadas en las declaraciones juradas de Peña.
La diferencia importa: recibir un informe con correspondencia patrimonial no significa necesariamente recibir un expediente sin observaciones. Para determinar qué conoció la Fiscalía es indispensable revisar la nota de remisión, los documentos adjuntos y la constancia de recepción. Las declaraciones públicas no permiten reconstruir por sí solas las decisiones tomadas dentro de la causa.
El subcontralor Armindo Torres explicó que las verificaciones abarcaron los periodos de ejercicio público de Peña, entre 2014 y 2017 y entre 2023 y 2025. Justificó la exclusión del intervalo en que estuvo fuera del Estado por los límites de competencia de la institución. Ese recorte temporal es uno de los puntos centrales del cuestionamiento político.
La revisión vuelve ahora sobre movimientos posteriores a octubre de 2025. Torres informó que se solicitaron datos a más de veinte instituciones públicas y privadas, incluidos registros vinculados con la esposa, los hijos y la nuera del exmandatario. Aclaró que son pedidos sobre terceros para establecer posibles relaciones financieras con Peña, y no exámenes autónomos de correspondencia sobre familiares.
La institución pretende terminar antes de fin de año, aunque el plazo depende de las respuestas. La ampliación constituye una nueva actuación de control; por sí sola no demuestra que el examen anterior haya sido correcto ni que existiera encubrimiento. Ambas conclusiones requieren evidencia que permita evaluar el procedimiento y sus resultados.
En el Congreso tampoco existe una posición uniforme. Johanna Ortega y Raúl Benítez impulsan la recopilación de antecedentes para una acusación contra el contralor y el subcontralor. Desde Colorado Añetete y la bancada B se planteó frenar nuevos procesos y priorizar la estabilidad institucional. Las intenciones anunciadas no equivalen a una acusación aprobada ni aseguran una destitución.
La discusión tiene planos diferentes. Una denuncia plantea hechos para investigar; un informe técnico aporta conclusiones dentro de su alcance; el juicio político examina responsabilidades por el desempeño del cargo. Una eventual responsabilidad penal debe determinarse en la Justicia. Para evaluar los controles, la pregunta pendiente es qué advertencias llegaron a cada organismo y qué respuesta documentada recibieron.


