Se trata de una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo en donde plantean un régimen de intervención y supervisión por un plazo de ocho meses para las sociedades vinculadas a Ueno Bank y al Grupo Vázquez que no estén directamente alcanzadas por investigaciones criminales o de lavado de dinero.
Según señala el proyecto de ley, discutido en la mañana de este miércoles, el plan contempla la creación de un “consejo supervisor” (integrado por la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio del Trabajo y el Banco Central del Paraguay) con la facultad de designar administradores temporales.
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Postergación de tratamiento
El senador Derlis Maidana (ANR) presidió la de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo y al culminar el encuentro señaló que solicitarán una postergación de siete días para que la plenaria decida el próximo miércoles cómo avanzar con el proyecto, ya que se debe “pedir el parecer de varias instituciones” y analizar si no hay colisión con el ordenamiento legal.
Sobre el borrador enviado por la ministra de Trabajo, aclaró que no se presentó oficialmente sino por WhatsApp y que “tenía muchas deficiencias de forma”, por lo que fue devuelto con recomendaciones.
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En relación con la propuesta de conformar un fondo con bienes incautados para indemnizar a los desempleados, el legislador manifestó: “yo todavía no tengo un criterio formado porque vamos a estar estudiando y el lunes vamos a sacar el dictamen”.
Explicó que existe un debate sobre si el Estado debe asumir estas pérdidas, comparándolo con casos de agricultores o lo ocurrido con el “Banco Regional y otros bancos que tuvieron ese problema hace como 2 años en el departamento de Itapúa”. No obstante, reconoció la necesidad de atender el “drama social de más de 5,000 personas que quedaron sin trabajo”. Advirtió que el escenario legal es complejo debido a que existen “muchos comisos y muchas cancelaciones de cuentas que vienen de la justicia” tanto en el ámbito penal como en el civil.


