La destitución, la prisión preventiva y el allanamiento de su residencia corresponden a decisiones de distinto alcance. La investigación busca establecer su responsabilidad en operaciones vinculadas con ueno y recursos públicos.
Santiago Peña dejó la Presidencia después de un juicio político y enfrenta ahora una investigación penal relacionada con ueno bank. Su situación reúne dos procesos distintos: el Congreso resolvió su destitución por mal desempeño de funciones; la Justicia debe determinar si cometió los delitos que le atribuye la Fiscalía.
Tras su salida, Pedro Alliana asumió la conducción del Ejecutivo para completar el periodo constitucional. Ese cambio cerró la discusión sobre la continuidad de Peña al frente del Gobierno, pero abrió una etapa en la que sus decisiones, vínculos empresariales y operaciones patrimoniales están bajo investigación.
El Ministerio Público lo imputó por lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. Según la hipótesis fiscal, habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de recursos públicos y previsionales en ueno. La acusación debe ser probada durante el proceso.
Peña cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, por disposición del juez Humberto Otazú. Esa medida no constituye una condena. El expresidente conserva su derecho a la defensa y la responsabilidad penal deberá establecerse a partir de las pruebas y las decisiones judiciales correspondientes.
Uno de los procedimientos más visibles fue el allanamiento de su residencia en San Bernardino. Los fiscales ingresaron para buscar documentos societarios, contables y otros elementos vinculados con el banco y empresas relacionadas. Durante la revisión encontraron una bóveda oculta.
La investigación también examina cómo se financió la propiedad. Señalan que Peña declaró un valor de G. 7.750 millones, incluido el terreno. La imputación menciona dos créditos de ueno por G. 3.548 millones y cuotas mensuales de G. 239 millones. Corresponde establecer el origen de los recursos, las condiciones de esas operaciones y su eventual relación con los hechos investigados.
Las condiciones de su reclusión generaron otra controversia. Mientras se difundían declaraciones sobre visitas y uso del teléfono, se informó que fiscales requisaron su celular. La requisa incorpora el dispositivo a las diligencias.
El juzgado dispuso además restricciones sobre sus bienes y cuentas. Estas medidas buscan preservar patrimonio durante la causa: no significan que esos activos hayan sido vendidos ni que su valor ya esté disponible para devolver dinero a los afectados.
Para la ciudadanía, la investigación debe responder quién decidió, quién controló y qué ocurrió con los recursos comprometidos. La recuperación de depósitos y fondos públicos tiene procedimientos propios. La salida de Peña del poder no resuelve por sí sola esas obligaciones ni sustituye el esclarecimiento judicial.