Peña, poder y prisión. Las tres palabras resumen el giro que dio la situación del expresidente en dos días: el viernes 6 de noviembre fue destituido y el sábado 7 quedó con prisión preventiva por el caso Ueno Bank. El juez Humberto Otazú dispuso su reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial, mientras avanza la investigación sobre fondos públicos y previsionales.
El acta de imputación atribuye a Santiago Peña presunta lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. Según la Fiscalía, habría intervenido para colocar, renovar y mantener recursos estatales en una entidad con cuyo grupo empresarial mantenía vínculos económicos.
El documento señala que en 2023 tenía 6.144 acciones de Ueno Holding, declaradas por G. 6.144 millones. Aunque sitúa el rescate de esas acciones en marzo de 2025, sostiene que habría conservado un certificado de depósito en Ueno y un bono de ITTI. Esos antecedentes forman parte de la hipótesis de conflicto de intereses.
La magnitud de los recursos aparece en otra cifra del acta: a septiembre de 2026, los fondos estatales depositados habrían alcanzado G. 3,6 billones y USD 233,4 millones. El documento menciona al IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE y cajas jubilatorias. Son recursos expuestos: su eventual pérdida y recuperación todavía deben determinarse.
También fue imputado Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central, por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. Se investigan sus actuaciones de supervisión y una comunicación al Senado que, según los fiscales, habría omitido informes técnicos relevantes. Reuters informó que Otazú también ordenó su prisión preventiva.
La defensa de Peña rechaza los cargos. Su abogado Ricardo Preda aseguró que se someterán a la investigación y espera un sobreseimiento. La Fiscalía, por su parte, pidió restricciones para vender o gravar bienes e identificar e inmovilizar activos de ambos procesados.
Las nuevas imputaciones se suman a la causa inicial contra 27 personas vinculadas al banco y otras empresas. Allí se investigan créditos y sobregiros con presuntas deficiencias de garantías y controles, además de una venta de cartera por USD 74,4 millones que habría sido financiada indirectamente con dinero de Ueno.
El juez Rodrigo Estigarribia dispuso prisión preventiva para seis procesados. Federico Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey, Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte fueron trasladados al ex Tacumbú. Para el exsíndico Miguel Ángel Almada se dispuso reclusión en Emboscada. Diana Leticia Mongelós y Mariana Isabel Torres recibieron arresto domiciliario con tobilleras.
Los fiscales también recolectaron documentos y localizaron equipos informáticos en oficinas del Grupo Vázquez. La investigación debe reconstruir el recorrido del dinero y las decisiones sobre su manejo. La salida del poder y la prisión preventiva no sustituyen una sentencia: las responsabilidades penales aún deben probarse.