La primera prueba del Gobierno de Pedro Alliana estará en la posibilidad de que las familias vuelvan a disponer de su dinero. Los ahorristas siguen pendientes de cuestiones inmediatas: cobrar, pagar cuentas y sostener sus actividades mientras avanza la resolución de ueno.
Alliana juró el viernes 6 de noviembre, después de la destitución de Santiago Peña, para completar el periodo constitucional hasta 2028. En su mensaje de asunción prometió acciones para resarcir a los afectados y puso entre sus prioridades a quienes atraviesan mayores dificultades económicas.
El compromiso deberá traducirse en medidas con alcance, financiamiento y plazos definidos. Para una persona que necesita cubrir gastos diarios, conocer cuándo podrá acceder a sus depósitos es parte de la respuesta. También lo es contar con un canal que permita aclarar diferencias o resolver problemas de acreditación.
El Banco Central del Paraguay anunció el inicio del pago de la garantía para un primer grupo: depositantes con hasta G. 10 millones, sin deudas con la entidad y con una cuenta habilitada en otro banco o financiera. Para los siguientes grupos, la institución prevé comunicar las etapas mediante sus canales oficiales.
La existencia de procedimientos distintos explica por qué el avance no es igual para todos. El desafío consiste en procesar las operaciones con controles y ofrecer información comprensible a quienes todavía esperan. Una comunicación incompleta puede sumar incertidumbre a las dificultades económicas.
Las consecuencias alcanzan también al trabajo. La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay reportó caídas de hasta el 70% en las ventas de sus asociados y problemas para reponer mercaderías. El dato corresponde al reporte gremial y describe la presión que enfrentan esos negocios para cumplir sus compromisos.
Cuando un comercio pierde ingresos y no dispone de capital operativo, se resiente su relación con proveedores y trabajadores. Por eso, la respuesta a la crisis deberá considerar tanto la devolución de depósitos como la continuidad de actividades que sostienen empleos y abastecen a los hogares.
Otro desafío es el dinero público. Las denuncias presentadas por instituciones con recursos en ueno obligan a reconstruir cuánto colocaron, quién autorizó las operaciones y qué controles se aplicaron. También corresponde establecer si la falta de acceso a esos fondos afecta obligaciones previstas. Un saldo inmovilizado no equivale, por sí solo, a una pérdida definitiva.
La investigación de posibles responsabilidades y la atención a los afectados avanzan por vías diferentes. Las autoridades deben preservar documentación y bienes, mientras los organismos competentes ejecutan los mecanismos de restitución. Ambas tareas necesitan resultados comprobables.
La gestión que comienza tendrá una medida cotidiana: personas que recuperan sus recursos, negocios que pueden operar y servicios que siguen funcionando. Allí se pondrá a prueba la respuesta del nuevo Gobierno.