La destitución de Santiago Peña marca un punto de quiebre en la política paraguaya, consumada mediante un juicio político en el Congreso tras una severa crisis institucional y financiera vinculada a irregularidades bancarias.
Aunque el mandatario intentó dimitir previamente para aplacar la tensión social y partidaria, el Poder Legislativo optó por continuar el mecanismo constitucional para juzgar su responsabilidad por mal desempeño de funciones.
Con una amplia mayoría parlamentaria que incluyó a legisladores de su propio entorno, el proceso concluyó formalmente con su remoción del Poder Ejecutivo, activando la línea de sucesión contemplada en la Constitución Nacional para restablecer la estabilidad institucional del país.
Santiago Peña se convirtió en el primer mandatario del Partido Colorado en ser destituido por juicio político desde la caída de la dictadura en 1989. El proceso se activó catorce años después del caso de Fernando Lugo, marcando un nuevo precedente constitucional en el país contra un jefe de Estado en ejercicio.
La crisis institucional se desató tras la intervención del Banco Central del Paraguay a ueno bank por problemas de solvencia. La medida desató fuertes cuestionamientos sobre los nexos del mandatario con el grupo empresarial, la colocación irregular de recursos públicos y fallas en los controles del sistema financiero.
El desenlace se aceleró cuando la Cámara de Diputados aprobó la acusación con 78 votos. Pese a que Peña presentó su renuncia, la falta de quórum bicameral impidió su tratamiento, lo que facultó al Senado a avanzar con el juicio político y sentenciar formalmente su remoción por mal desempeño de funciones.
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