En una dura interpelación a los criterios del Poder Judicial, el ministro del Interior, Enrique Riera, cuestionó la mínima aplicación de las tobilleras electrónicas para frenar la ola de violencia hacia las mujeres. El secretario de Estado reveló que el Ejecutivo invirtió USD 3 millones para adquirir y tener plenamente operativas 1.000 unidades, pero los jueces mantienen la gran mayoría de los equipos guardados en depósitos mientras los feminicidios se multiplican.
Las cifras expuestas por Riera reflejan una distorsión crítica en la administración de Justicia, de los 1.000 aparatos financiados, apenas 255 están activos. Peor aún: de ese reducido grupo, solo 53 corresponden a casos de violencia familiar, mientras que los demás fueron asignados a procesados por otros hechos punibles, entre ellos figuras como Reinaldo “Cucho” Cabaña.
“Tenemos 1.000 tobilleras listas, listas y pagadas a disposición para que no le cueste un mango a nadie. Pero hoy solo hay 255 activas, y de esas, apenas 53 son por violencia doméstica. La pregunta que dejó flotando es: ¿y quién tiene las otras 200? ʻCuchoʼ Cabaña tiene una tobillera. Todo parece indicar que no es el perfil que estamos buscando, pero solo el Poder Judicial decide”, indicó el ministro en declaraciones a La Tribu 650 AM.
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Una “bomba de tiempo” de 4.000 órdenes de papel
El ministro contrastó la subutilización de la tecnología con la realidad cotidiana de las comisarías y juzgados, donde se acumulan más de 4.000 órdenes de alejamiento dictadas en papeles que nadie puede fiscalizar en el terreno.
Riera calificó de “inviables” e ilusorias las restricciones tradicionales que prohíben acercarse a 300 metros, advirtiendo que un agresor obsesionado o violento cubre ese trayecto en segundos antes de que una patrullera logre intervenir.
“Hay más de 4.000 órdenes de restricción de acercamiento sin tobillera, estamos sentados sobre una bomba de tiempo. Cuando un tipo violento ve a su expareja en un shopping o en la calle, esos 300 metros de restricción los hace en dos segundos para pegarle o para matarla. No hay forma de que la Policía llegue a tiempo con una orden de papel. Por eso les decimos a los jueces y fiscales: a todos los casos de violencia, mientras se aclara la causa, pónganles la tobillera”, explicó.
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El titular del Ministerio del Interior recordó el caso del feminicida de Eusebio Ayala, quien portaba tobillera, pero contaba con “libertad ambulatoria” dentro de todo el territorio nacional otorgada por un juez, sonando la alarma recién a 1 km de la frontera. Aunque el seguimiento satelital permitió ubicarlo en la escena del crimen y condenarlo, expuso la mala praxis en la fijación de los perímetros digitales.
Proyecto de ley: candado a la discrecionalidad de los magistrados
Ante este escenario, Riera anunció que el Poder Ejecutivo presentará ante el Congreso Nacional un proyecto de modificación legislativa con dos ejes centrales para transformar de raíz el protocolo de medidas cautelares, por un lado la obligatoriedad automática sin margen para el juez, es decir en todas las denuncias formales por violencia intrafamiliar y de género, el uso de la tobillera preventiva será mandatorio para el denunciado de forma inmediata, fijando perímetros de exclusión amplios (ciudades enteras o radios extensos) y entregando a la víctima el teléfono de alerta 24 horas que monitorea los movimientos del agresor.
Por el otro lado, se apunta a la migración a control biométrico para delitos menores, con ello, quienes cuenten con arresto domiciliario por accidentes de tránsito o fraudes económicos pasarán a un sistema de control por celular mediante reconocimiento facial, huella y geolocalización aleatoria (modelo uruguayo), liberando las tobilleras físicas exclusivamente para causas que involucren riesgo de vida.
“Vamos a presentar una modificación legislativa en dos sentidos: primero, que no haya margen de decisión para el juez y que en todos los casos de violencia se ponga una tobillera preventiva obligatoria. Lo que no podemos seguir permitiendo es que la Policía llegue tarde y tengamos que lamentar otra víctima porque nadie controló la orden de alejamiento”, concluyó Riera.
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