En sus primeras declaraciones públicas tras la resolución de la Mesa Directiva del Senado de impulsar su pérdida de investidura, la senadora Zenaida Delgado negó haber vendido contratos o exigido montos de dinero a colaboradores de su despacho. En contacto con La Tribu 650 AM, la legisladora atribuyó los chats y transferencias bancarias expuestos a un esquema de manipulación y violencia ejercido por su expareja, a quien identificó en el ámbito político como el “Senador 46”.
Delgado explicó que las denunciantes, entre quienes figuran familiares de su antigua pareja y una excolaboradora, pretendían evitar la desvinculación de sus cargos tras detectarse irregularidades con el uso del sello oficial de su oficina. Según su relato, su expareja mantenía el control de sus claves bancarias, dispositivos móviles y comunicaciones mediante constantes intimidaciones contra su integridad y la de su hija menor.
“Jamás cobré nada a ningún funcionario. Este señor manejó mi teléfono, mis tarjetas y mi vida entera bajo amenazas. Se valió de mi entorno para gestionar préstamos y hoy cumple su promesa de destruirme públicamente porque decidí dejarlo. Me pongo a disposición de la Fiscalía para que periten todos los teléfonos y se conozca la verdad”, aseveró Delgado.
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Denuncia de indefensión y juzgamiento político
Durante la entrevista, la parlamentaria lamentó la falta de empatía institucional frente a la violencia que supuestamente padece y criticó la postura asumida por varias de sus colegas.
La legisladora indicó que desde hace años sufre agresiones físicas y psicológicas que fueron denunciadas formalmente ante la Justicia, situación que la obligó a abandonar su domicilio particular para resguardarse en la vivienda de su madre.
Además, sostuvo que las conversaciones filtradas corresponden a periodos pasados y fueron extraídas de aparatos telefónicos vinculados o clonados que quedaron en poder de su agresor.
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La senadora aprovechó la oportunidad para cuestionar a las bancadas parlamentarias por condenarla de manera inmediata antes de permitirle presentar su descargo legal y pericial ante el Ministerio Público, asegurando que su patrimonio y conducta legislativa son completamente transparentes.