Hoy, en Paraguay se conmemora el Día Nacional de las Personas de Talla Baja, según lo estipulado en la Ley 6653/2020. Una normativa creada para visibilizar a las personas de talla baja, promoviendo el respeto, la empatía y la toma de conciencia sobre sus derechos e inclusión en la sociedad.
Sin embargo, referentes de la Asociación de Talla Baja Paraguay acudieron al Congreso Nacional para solicitar la modificación de algunos puntos de esta ley, ya que sostienen que faltan reformas institucionales urgentes para que se de una verdadera inclusión.
La iniciativa busca eliminar las barreras físicas, laborales y de datos estadísticos que enfrentan a diario en el país.
El encuentro fue convocado por la diputada Carmen Giménez de Ovando (ANR-San Pedro), presidenta de la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad, y contó con la presencia de la titular de la asociación, Claudia Reyes; la vicepresidenta Antonela Gómez (Yasuri); y la secretaria de la nucleación, Leonela Núñez.
Modificación normativa y el “Escalón Universal”
Durante la reunión, la dirigencia solicitó modificar la Ley N° 6653/2020, que instituyó el 25 de octubre como fecha conmemorativa. La propuesta plantea derogar el artículo 3º que incorporaba la fecha al calendario del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para incluir en su lugar la obligatoriedad del Escalón Universal.
Esta medida exige la instalación de plataformas y escalones adaptados en ventanillas de atención, sanitarios, oficinas y comercios, permitiendo a este sector acceder a espacios públicos y privados en igualdad de condiciones de autonomía.
Desempleo, subocupación y falta de registros oficiales
Asimismo, las representantes expusieron la severa discriminación laboral que sufren. Leonela Núñez instó a fiscalizar el cumplimiento de la Ley N° 2479/2004, la cual exige que los organismos públicos incorporen al menos un 5% de funcionarios con discapacidad en sus planillas. Denunciaron que existe una alta tasa de desempleo en la comunidad de talla baja y que quienes consiguen empleo con frecuencia no perciben el salario mínimo legal.
Por su parte, Antonella Gómez solicitó gestionar ante el Instituto Nacional de Estadística (INE) la realización de un censo nacional específico. Actualmente, el Atlas de Discapacidad del INE revela que el 5% de la población paraguaya (unas 299.000 personas) padece alguna discapacidad severa, pero la inclusión real en el sector público apenas alcanza el 0,75%, sin desagregar datos cuantitativos fehacientes sobre las personas con acondroplasia u otras afecciones de talla baja.
En respuesta, la diputada Giménez se comprometió a articular una mesa técnica interinstitucional con la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) y el INE para canalizar las demandas legislativas.