La fractura del Partido Colorado durante el período gubernamental 2018-2023 no solo reconfiguró el mapa de poder en el Paraguay, sino que dejó un antecedente sobre el uso de la estructura estatal como instrumento de combate político. Desde el sector del oficialismo de la época, liderado por Mario Abdo Benítez, se instrumentó una estrategia frontal de confrontación orientada a desarticular la influencia política y la trama empresarial del expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes.
Aquella ofensiva, calificada por los afectados y por diversos analistas como un “garrote político-institucional”, trascendió los habituales debates parlamentarios y las disputas de liderazgos en las urnas, trasladándose al ámbito de las instituciones administrativas de control financiero, la Fiscalía y los canales diplomáticos internacionales.
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Instancia administrativa y el cerco económico
Durante la administración de Abdo Benítez, organismos del Estado como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección Nacional de Aduanas jugaron un rol central en la elaboración de informes de inteligencia y reportes de operaciones sospechosas dirigidos específicamente contra las empresas del Grupo Cartes, con énfasis en el sector tabacalero y la estructura bancaria.
La filtración y canalización de estos documentos confidenciales hacia el Congreso y medios de comunicación afines formaron parte de un esquema de deslegitimación que no solo buscaba la apertura de procesos penales locales, sino que preparó el terreno para la intervención de instancias extranjeras.
Este cerco administrativo desencadenó sanciones financieras internacionales y designaciones de significación política que forzaron la reestructuración, desinversión y transferencia de activos de emblemáticas firmas comerciales del expresidente, impactando de forma directa en su entorno empresarial y en el sistema de pagos local.
Secuelas institucionales y el giro en el poder
Para los analistas del escenario político nacional, el uso de las instituciones del Estado como herramientas de persecución intrapartidaria sentó un precedente peligroso que terminó debilitando la propia institucionalidad del país y la credibilidad de los órganos de control.
El desenlace del proceso electoral de 2023, con la victoria del movimiento Honor Colorado tanto en las internas republicanas como en las elecciones generales, consolidó un retorno al poder del sector perseguido y desplazó al abdismo de los principales espacios de decisión estatal y partidaria.
Hoy, mientras la actual administración busca restaurar la previsibilidad en el sistema financiero y resguardar la autonomía de entes como el Banco Central del Paraguay (BCP) frente a la injerencia política, el recuerdo del “garrote abdista” permanece en la memoria legislativa como una advertencia sobre los costos de instrumentalizar el Estado en las disputas de poder.
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