El Poder Ejecutivo resolvió objetar totalmente el Proyecto de Ley Nº 7667/2026, el cual buscaba exonerar del pago de impuestos, aranceles aduaneros y tasas a la importación de vehículos especializados y equipos donados a favor de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay.
El argumento central de la decisión presidencial es evitar la sobrelegislación o redundancia normativa, señalando que las exoneraciones tributarias pretendidas ya se encuentran vigentes y contempladas en el marco legal del país. Tras el veto total, el texto pasa nuevamente a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.
El objetivo del proyecto rechazado
La propuesta parlamentaria tenía como propósito agilizar la recepción de camiones hidrantes, ambulancias, unidades de rescate y herramientas traídas de organizaciones e instituciones del exterior.
Los proyectistas argumentaban que los bomberos voluntarios cumplen un servicio esencial ante incendios y emergencias, pero que frecuentemente enfrentan trabas económicas y burocráticas que retrasan o encarecen el ingreso de las donaciones internacionales. Aunque en la exposición de motivos se admitía la existencia de la Ley Nº 1431/1999, los impulsores sostenían que las dificultades administrativas actuales justificaban una nueva ley más directa y ágil.
Los argumentos del Ejecutivo: leyes vigentes e informes técnicos
Para fundamentar la objeción total (sustentada en el Artículo 209 de la Constitución Nacional), el Gobierno se basó en dictámenes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Ambas instituciones concluyeron que crear una nueva normativa sobre la misma materia genera superposición de leyes, destacando que los beneficios fiscales ya existen bajo la siguiente normativa:
Ley Nº 5375/2014: Modificó la Ley Nº 1431/1999 y estableció la exención tributaria para equipamiento bomberil.
Ley Nº 6762/2021: Sustituyó y actualizó la Ley Nº 1431/1999. En sus artículos 13 al 16 otorga formalmente la liberación de derechos aduaneros, adicionales aduaneros, impuestos inmobiliarios y tasas judiciales para la importación de vehículos necesarios para la labor de los bomberos.
Desde la Presidencia destacaron que el marco legal vigente regula la materia “incluso con un nivel de precisión y de técnica legislativa superior”, por lo que el rechazo busca evitar la promulgación de normas duplicadas en el sistema jurídico nacional.