La propuesta plantea sanciones de hasta 10 años de prisión para quienes fabriquen y difundan falsedades con el objetivo explícito de provocar corridas bancarias o pánico en los ahorristas.
El diputado colorado, Alejandro Aguilera cuestionó que el temor de los depositantes sea utilizado como herramienta en disputas entre grupos empresariales o medios de comunicación.
Para aplicar sanciones, la norma exigirá probar la intención deliberada de generar desinformación y la existencia de un riesgo grave y concreto para la liquidez de las entidades afectadas.
El legislador aclaró que el proyecto garantizará la protección del trabajo periodístico, la reserva de fuentes y los análisis técnicos o académicos.
Asimismo, confirmó que abrirá una mesa de debate con la Asoban, autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y especialistas del sector.