En declaraciones a La Tribu 650 AM, el legislador sostuvo que el Congreso no debe atribuirse facultades de fiscalización operativa ni utilizar pedidos de informes para calificar la conducta de entidades privadas.
Eduardo Nakayama recordó que la estabilidad monetaria y la supervisión del sistema bancario descansan sobre la Carta Orgánica del BCP desde 1995, un marco institucional que ha permitido mantener la salud financiera del país durante tres décadas.
“Lo peor que puede hacer la clase política es inmiscuirse en cuestiones que no le corresponden. Resulta que ahora vamos a definir desde el Senado, con votos, quién es buen banco y quién no. Eso es una locura; si es así, eliminemos el Banco Central y asumamos nosotros el control”, remarcó el legislador.
Límites constitucionales, secreto bancario y precedentes
Durante su análisis del escenario financiero, el parlamentario puntualizó los riesgos de vulnerar los procedimientos institucionales.
Advirtió que romper de forma arbitraria las reglas del secreto bancario o utilizar información filtrada con fines políticos desincentiva la inversión extranjera y puede desencadenar fuga de capitales.
Aclaró que levantar el secreto bancario es una atribución exclusiva de los jueces en el ámbito penal, instancia donde las entidades están legalmente obligadas a remitir toda la documentación requerida.
Evocó la crisis del Banco Unión en 1995 como un ejemplo claro de los daños que provoca la intromisión política en el sistema bancario, al forzar el cierre de una entidad que posteriormente demostró solvencia al devolver la totalidad de los fondos a sus ahorristas.
Subrayó que, ante eventuales irregularidades o faltas en los protocolos antilavado, es la Superintendencia de Bancos la que debe actuar de oficio, concluir los sumarios e imponer multas severas, tal como ha ocurrido con importantes entidades multinacionales en años anteriores.