La imponente infraestructura de más de 15.000 m² busca descentralizar el servicio, reducir el déficit edilicio en el departamento Central y garantizar una atención judicial digna, eficiente y transparente.
Durante el acto, el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, enfatizó que la obra no representa meramente un logro de la ingeniería, sino la traducción en infraestructura de un compromiso con la dignidad humana y el acceso irrestricto a la justicia.
“Durante décadas, la realidad de la infraestructura edilicia del Poder Judicial en el departamento Central ha sido insuficiente e insostenible. Nuestros magistrados, funcionarios y conciudadanos han tenido que litigar en espacios alquilados y viviendas precarias. Administrar justicia en la precariedad no solo ralentiza la respuesta institucional, sino que menoscaba la solemnidad del acto jurisdiccional”, aseveró Martínez Simón.
Por su parte, el ministro Luis María Benítez Riera sostuvo que la habilitación de la sede trasciende la infraestructura de cemento para convertirse en una inversión directa en la paz social y la seguridad jurídica del país.
En esa misma línea, el ministro Eugenio Jiménez Rolón recordó las limitaciones históricas que enfrentó el gremio de abogados al litigar en dependencias inadecuadas y remarcó el valor simbólico de dignificar los espacios de atención al público.
Finalmente instó a los jueces de la circunscripción a adecuar permanentemente sus actuaciones a la Constitución y las leyes.
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