Los gobernadores señalaron que, ante la existencia de posibles irregularidades, corresponde recurrir a las instituciones competentes para investigar los hechos y aplicar las sanciones que correspondan.
En ese sentido, ratificaron que la administración de los recursos públicos debe permanecer sujeta a los mecanismos de control y fiscalización.
El pronunciamiento también plantea la necesidad de diferenciar las críticas al programa de los cuestionamientos sobre su administración. Los jefes departamentales sostienen que cualquier observación debe formularse con fundamentos y dentro de los canales institucionales establecidos.
La postura fue expresada luego de cuestionamientos realizados desde el Senado hacia los gobernadores.
En respuesta al senador Carlos Núñez, el Consejo reivindicó la legitimidad de las autoridades departamentales, electas por voto ciudadano, y rechazó que las críticas puedan sustituir a las pruebas cuando se plantean acusaciones sobre la gestión pública.
Los gobernadores remarcaron que continuarán sometiendo sus actuaciones a los controles correspondientes y defendiendo la gestión de los departamentos.