Con respeto y admiración hacia quienes pasaron por la institucionalidad del Ministerio de Educación y Ciencias y por otras organizaciones vinculadas al órgano rector —personas que conocen desde dentro la complejidad de esta gran estructura y que tuvieron o tienen responsabilidades directas—, quisiera formular una pregunta ante este momento histórico: si los resultados vuelven a mostrarnos problemas sistémicos y colocan nuevamente las causas frente a nosotros, ¿qué vamos a hacer con ellas?
Después de la presentación de los resultados de PISA Paraguay, escuché numerosas explicaciones en los medios de comunicación, en espacios políticos y en grupos académicos. Se habló de las brechas históricas, de la formación docente, del ausentismo, de la desigualdad territorial, de la falta de infraestructura y de las debilidades en lectura, matemáticas y ciencias.
Sin embargo, desde mi punto de vista, continúa ausente la pregunta más importante: ¿qué haremos concretamente con todo lo que ya sabemos?
Paraguay no necesita comenzar de nuevo con cada gobierno, cambiar los programas con cada administración ni volver a diagnosticar indefinidamente los mismos problemas. Necesita políticas educativas que trasciendan los períodos gubernamentales, con metas verificables, responsables identificados y mediciones periódicas que permitan corregir las decisiones antes de llegar a la siguiente evaluación internacional.
Una política educativa seria no puede medirse solamente al final. Debe establecer una línea de base, evaluar resultados parciales, identificar qué funciona, rectificar lo que no funciona y sostener aquello que demuestra impacto. Medir no es castigar; es aprender institucionalmente. Rectificar no es reconocer una derrota; es ejercer responsabilidad pública.
Pero esta continuidad tampoco será posible si depende de informes aislados, planillas dispersas o plataformas que desaparecen con cada administración. Paraguay necesita una arquitectura informática educativa interoperable que funcione como el andamiaje permanente de la política pública: que integre los sistemas existentes, preserve la memoria institucional, acompañe las trayectorias de aprendizaje y permita observar, desde cada aula hasta el nivel nacional, si los estudiantes están aprendiendo lo fundamental.
Esta arquitectura no debe limitarse a registrar matrículas, asistencia, infraestructura, entrega de insumos o ejecución presupuestaria. Debe colocar en el centro los aprendizajes fundacionales: prealfabetización, lectura, comprensión, escritura, razonamiento matemático y pensamiento científico. Necesitamos saber qué aprendió cada estudiante, dónde se encuentra la dificultad, qué intervención recibió, si logró avanzar y qué debe corregirse oportunamente.
Sin información integrada y comparable en el tiempo, cada gobierno hereda datos fragmentados, interrumpe procesos y vuelve a empezar. Con una arquitectura sostenible, estándares comunes y trazabilidad, las políticas, los programas y sus resultados podrían sobrevivir a los cambios de autoridades. Los datos dejarían de utilizarse solamente para administrar el sistema y comenzarían a servir para gobernar los aprendizajes.
Estos rezagos no aparecieron ayer. Son el resultado acumulado de decisiones, omisiones y discontinuidades de sucesivos gobiernos, autoridades y equipos técnicos. Por eso, ya no alcanza con describir la crisis como si nadie fuera responsable de ella. Tampoco es justo trasladar toda la culpa a los docentes, a las familias o a los estudiantes, cuando muchas de sus causas se encuentran en el propio diseño y funcionamiento del sistema.
Necesitamos pasar de la administración de programas a una verdadera gobernanza de los aprendizajes: continuidad de las políticas, información integrada, seguimiento de cada intervención, evaluación independiente y rendición pública de resultados. Cada programa debería poder responder con claridad: qué aprendizaje busca mejorar, cómo lo hará, en cuánto tiempo, con qué recursos, quién será responsable y mediante qué instrumento comprobaremos su impacto.
Los resultados de PISA no deberían convertirse en una noticia que nos alarma durante algunas semanas y luego se olvida. Deben marcar un punto de inflexión nacional. La educación no puede seguir sometida al calendario electoral mientras las brechas se vuelven permanentes en la vida de nuestros niños y jóvenes.
Sabemos cuáles son muchas de las causas. Ahora debemos decidir qué haremos con ellas. Tal vez no podamos resolver en pocos años todo lo que se acumuló durante décadas, pero tenemos la obligación moral y política de intentarlo seriamente: comenzar, medir, corregir, sostener y no volver a abandonar.
Esta fue la intervención que realicé en el lanzamiento de los resultados.
Como ciudadana que nunca tuvo responsabilidades directas públicas estoy cada día más preocupada por esta historia que nos acompaña lastimosamente.
Sin brújula podemos ir a cualquier parte.
(*) Sofía Scheid es educadora, investigadora y doctora en Educación. Especialista en innovación pedagógica y gestión de políticas educativas.