La iniciativa busca elevación de condenas e introduce agravantes severos para frenar la liberación de personas privadas de libertad, la inducción y el apoyo a la evasión penitenciaria.
El texto aprobado establece un marco normativo más estricto para desalentar la colaboración externa e interna con organizaciones criminales en los centros de reclusión.
Así también, se contempla hasta cinco años de prisión para quienes liberen a un interno, lo induzcan a la fuga o le brinden apoyo, alcanzando también a la tentativa.
Establece igualmente que, cuando el responsable sea un funcionario público o preste servicios en el sistema penitenciario con la obligación de evitar la evasión, la pena se incrementará a un rango de 5 a 15 años de privación de libertad.
Además, se incluye una sanción mayor cuando se produzca la evasión de más de un interno, reconociendo la logística de bandas de crimen organizado en este tipo de operativos.
Respuesta al crimen organizado y la impunidad
La exposición de motivos del proyecto señala que los recientes episodios de evasión en el país evidencian la connivencia entre agentes del orden, personal penitenciario y estructuras delictivas externas. El documento concluye que las bajas expectativas de pena actuales incentivaban la complicidad, por lo que resulta indispensable elevar los costos jurídicos para los garantes de la seguridad en las cárceles.
Tras esta aprobación en la Cámara Baja, la propuesta pasa al Senado para su correspondiente tratamiento.