La Cámara de Diputados reeligió a Camilo Benítez como contralor general de la República, en una votación que reunió 64 votos y superó ampliamente la mayoría requerida. El resultado incluyó el acompañamiento de legisladores colorados, liberales y de otros sectores, otorgando a su continuidad un respaldo político amplio.
Benítez iniciará su nuevo mandato el próximo 2 de noviembre y permanecerá en el cargo hasta el 1 de noviembre de 2031. En la misma sesión, los diputados eligieron como subcontralor a Armindo Torres, actual director de Declaraciones Juradas de la institución, quien obtuvo 49 votos.
La elección se realizó luego de que el Senado conformara las respectivas ternas y estas fueran analizadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados. Con ese procedimiento cumplido, la decisión quedó en manos del pleno de la Cámara Baja.
Antes de la votación, el presidente de Diputados, Raúl Latorre, valoró la gestión desarrollada por Benítez y señaló que el funcionario reúne las condiciones necesarias para continuar al frente del organismo de control.
“Muchas veces asumió posiciones difíciles y tuvo una mirada que trascendía lo partidario”, expresó Latorre. También destacó la trayectoria técnica y el reconocimiento internacional alcanzado por el contralor, quien llegó a presidir la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
La ratificación representa una apuesta por la continuidad institucional y permite sostener los procesos de fiscalización que actualmente desarrolla la Contraloría. La incorporación de Torres, un funcionario con experiencia dentro del organismo, también busca asegurar una transición ordenada y fortalecer el trabajo técnico.
Aunque algunos legisladores opositores cuestionaron la decisión y reclamaron una mayor pluralidad en la conducción, otros representantes de la oposición acompañaron la candidatura de Benítez. Esa participación permitió que la elección trascendiera los límites de la mayoría oficialista.
El desafío de las nuevas autoridades será responder a ese respaldo con controles rigurosos, autonomía técnica y resultados verificables. La Contraloría tendrá la responsabilidad de fortalecer la transparencia, supervisar el uso de los recursos públicos y garantizar que sus intervenciones se ajusten a criterios institucionales, sin distinciones políticas.