El Instituto de Previsión Social (IPS) impulsa una estrategia financiera extraordinaria para cobrar una deuda histórica de USD 670 millones arrastrada por más de 30 años por 44.000 empresas morosas.
La suma de estas acreencias patronales, junto con la deuda pendiente del Estado paraguayo, alcanza los USD 1.450 millones, un monto que no solo cubriría el déficit actual del fondo de salud, sino que le otorgaría un superávit operativo sin precedentes.
El asesor de la presidencia de la previsional, Carlos Pereira, detalló la urgencia de depurar una cartera de deudores que figura como “incobrable” en los balances institucionales desde hace tres décadas.
La propuesta busca dejar atrás los esquemas de judicialización tradicionales que terminaron ahogando comercialmente a las empresas sin lograr el cobro efectivo de los aportes obrero-patronales.
“Son más de 44.000 empresas deudoras por un monto que supera los 4 billones de guaraníes. Si logramos combinar mecanismos creativos y legales para recuperar esos recursos, el fondo de salud del IPS no solo tendría sostenibilidad financiera hacia adelante, sino un superávit real”, afirmó Pereira ayer viernes en declaraciones a La Tribu 650 AM.
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La suma total de lo que se le debe al seguro social supera holgadamente el déficit operativo del área médica, exteriorizó al tiempo de mencionar que el plan de gestión no apunta a la liquidación judicial, sino a la reactivación comercial de las empresas sancionadas.
Actualmente, las firmas morosas enfrentan juicios, inhibiciones por 10 años y clasificación crediticia negativa, lo que las empuja a la informalidad o el quiebre sin posibilidad de saldar sus cuentas.
Al respecto, se plantea utilizar la demanda de bienes y servicios del Estado para saldar las cuentas. Un ejemplo concreto abarca a los talleres mecánicos deudores, los cuales podrían reparar la flota de más de 5.000 vehículos del IPS y ministerios a cambio de cancelar su deuda garantizada por contrato.
A tal efecto, se aplicarán procedimientos sumarísimos para certificar acreencias y renegociar planes de pago accesibles que reinserten a los empleadores al sistema formal.
Por otro lado, aclaró que la Ley de Emergencia del IPS no incluirá compras directas ni contrataciones sin licitación, según confirmó Pereira. Tras las modificaciones aplicadas por el Congreso, el Instituto de Previsión Social (IPS) deberá someter todas sus adquisiciones al control estricto de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), descartando cualquier flexibilización en el uso de los fondos públicos.
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