La presencia institucional se dio en el marco del análisis del proyecto de ley que deroga la Ley Nº 6852/2021 y restituye los alcances de la Ley Nº 823/96 sobre una finca de 1.000 hectáreas expropiadas para loteamiento campesino.
El objetivo central de la normativa es proteger la estabilidad económica de unos 300 adjudicatarios que ya abonaron el costo de sus terrenos al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), incluso diez de ellos con titulación definitiva, bajo el precio fijado en 1999.
Con la derogación planteada, se busca evitar que la indemnización a los antiguos propietarios se recalcule a precios actuales de mercado, exigiendo que el pago se salde a través del Ministerio de Economía mediante los fondos originados en el remate de 1995.
Durante la jornada, de la que participaron el gobernador de Alto Paraná, César Torres, y la intendenta interina Antonia Leguizamón, los legisladores recorrieron las instalaciones de la Escuela Agrícola Juan de Dios Salinas para constatar las tareas de formación rural que se ejecutan en la zona.