Carlos Pereira, asesor de la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS) aclaró que la Ley de emergencia aprobada para la institución no otorgará discrecionalidad ni flexibilidad sin controles en el uso de los recursos públicos.
Tras las modificaciones introducidas por el Congreso Nacional, la previsional deberá regirse estrictamente por los mecanismos de control vigentes bajo la fiscalización de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
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En entrevista con La Tribu 650 AM, Pereira enfatizó que el Senado eliminó deliberadamente los artículos que pretendían eximir a la institución de los trámites licitatorios ordinarios, descartando así cualquier escenario de compras “a dedo” o sin fiscalización durante el periodo de contingencia.
“Ni en pandemia se dio ese nivel de liberalidad como para ejercer las compras saltando la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Ciertas excepciones lejos de ser una solución podrían haber sido mucho peor”, argumentó el asesor institucional.
La normativa aprobada busca destrabar cuellos de botella en la atención médica y administrativa, sin relajar las exigencias de transparencia.
El espíritu principal de la medida radica en autorizar la contratación simplificada de unos 1.000 profesionales de blanco, habilitando excepcionalmente el fichaje de médicos extranjeros acreditados y la recontratación de especialistas jubilados.
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