En el teatro político paraguayo, pocos personajes han dominado con tanta destreza el libreto de la superioridad moral como Rafael Filizzola. Instalado cómodamente en la bancada opositora del Senado y amplificado por el megáfono mediático que le sirve de trinchera, el legislador se presenta como el fiscalizador supremo de la República.
Sin embargo, al despojar su figura del maquillaje discursivo y contrastarla con los registros oficiales, la radiografía resultante dista de la épica anticorrupción: emerge el perfil de un dirigente de magra producción parlamentaria, financiado de por vida por el erario público y con un prontuario de causas administrativas que resolvió en los pasillos de los juzgados mediante el uso sistemático de la chicana.
El primer contraste demoledor radica en su permanencia en la nómina estatal. Junto a su esposa, la exsenadora Desirée Masi, la pareja acumula más de 35 años alternándose en bancas del Congreso y despachos ministeriales. Planillas del Presupuesto General de la Nación (PGN), dietas y gastos de representación certifican una vida financiada íntegramente por los contribuyentes. Pese a presentarse como el rostro de la renovación y la crítica al sistema clientelar, Filizzola ha hecho del Estado su único empleador conocido.
Esa prolongada estancia contrasta de forma bochornosa con su rendimiento legislativo. Mientras el país exige debates estructurales y propuestas de impacto económico y social, su paso por el Senado se caracteriza por una escasa iniciativa de proyectos propios de envergadura, limitando su labor parlamentaria a la pirotecnia retórica y a operar como vocero y analista de cabecera de medios aliados que simulan una cruzada opositora mientras defienden intereses corporativos afines.
No obstante, el flanco más corrosivo para su credibilidad no es su apatía legislativa, sino su conducta ante la Justicia. Quien hoy exige transparencia y celeridad a sus adversarios es el mismo que protagonizó dos de los mayores escándalos administrativos del Ministerio del Interior: el caso de la compra de helicópteros para la Policía Nacional —con un presunto perjuicio estimado en más de G. 50.000 millones— y el expediente de las “Comisarías de Oro”, donde se cuestionaron pagos millonarios por obras inconclusas a la firma Todo Verde.
Ambas causas compartieron el mismo libreto evasivo. Lejos de someterse al examen de un juicio oral para probar la rectitud de su gestión, la defensa de Filizzola desplegó una maquinaria de incidentes, recusaciones, apelaciones y nulidades. En el caso de los helicópteros, el exministro logró el sobreseimiento definitivo refugiándose en un defecto formal de la Fiscalía respecto a su declaración indagatoria; en el de las comisarías, apostó al desgaste procesal de más de una década hasta acogerse a la prescripción. En ninguno de los dos expedientes existió un veredicto de inocencia tras el análisis de las pruebas; existió, lisa y llanamente, una victoria técnica amparada en el reloj y la impericia fiscal.
Resulta un insulto a la inteligencia ciudadana que quien esquivó sistemáticamente el banquillo de los acusados durante doce años pretenda hoy dar lecciones de debido proceso y patriotismo. Calificar como “garantías constitucionales” las maniobras que en otros denuncia como “chicanas de impunidad” retrata su doble rasero político.
Rafael Filizzola no es el fiscalizador implacable que vende en los micrófonos; es el reflejo del dirigente que privatiza las ganancias de la exposición pública, factura su permanencia al presupuesto del Estado y apaga sus propias investigaciones en la oscuridad de los despachos judiciales. Una contradicción andante cuya voz moralina pierde todo eco frente a la elocuencia de sus propios expedientes.