Una declaración jurada patrimonial no es un formulario decorativo ni un conjunto de números aislados. Debe permitir conocer qué bienes tiene una autoridad, qué deudas mantiene y de qué modo ambas cosas se relacionan. En el caso del diputado Mauricio Espínola, la documentación revisada deja una pregunta concreta que hasta ahora no tiene respuesta pública: ¿qué ocurrió con una operación inmobiliaria por G. 578.005.440 que aparece casi totalmente pagada, pero sin un departamento —ni ningún otro inmueble o derecho— declarado entre sus activos?
La declaración jurada de intereses y patrimonio presentada en julio de 2023 consigna, dentro de los pasivos, una obligación vinculada a un departamento por G. 578.005.440. No se trata de una referencia menor ni de un gasto corriente. Es una operación de una magnitud muy superior a los vehículos que figuraban como activos del legislador.
El documento registra una cuota mensual de G. 11.205.040 y un saldo pendiente de apenas G. 22.410.880. Es decir, según las cifras declaradas, quedaban solo dos cuotas para completar una operación cuyo valor total superaba los G. 578 millones. La lectura es simple: el compromiso estaba prácticamente cancelado.
Pero al revisar el rubro de activos, el inmueble no aparece
Espínola declaró dos vehículos: un BMW X5 y un Mazda BT-50. No consignó casa, terreno, departamento, unidad en construcción, derecho de adjudicación, crédito a favor ni participación inmobiliaria. Tampoco declaró cuentas bancarias, efectivo, certificados de depósito, inversiones o participaciones societarias. La deuda está, el activo asociado no.
Si el departamento fue adquirido, corresponde identificarlo y explicar por qué no fue incluido entre los bienes. Si la operación se rescindió, deben exhibirse la rescisión, los recibos, eventuales devoluciones y el destino final de los pagos realizados. Si existió una cesión, debe conocerse a favor de quién, bajo qué precio y en qué fecha. Si fue un error, el diputado debe rectificarlo y precisar cómo una obligación de casi 600 millones de guaraníes quedó asentada sin el activo que la originó.
La inconsistencia es relevante porque no está aislada del resto de la fotografía patrimonial presentada por el legislador. En la misma declaración, sus ingresos mensuales fueron informados en G. 32.774.840 y sus gastos ordinarios en G. 11.374.968. A eso se sumaban cuotas por G. 3.783.520 vinculadas a un vehículo y los G. 11.205.040 del departamento. Solo esas obligaciones crediticias totalizaban G. 14.988.560 al mes.
Luego de descontar gastos ordinarios y cuotas, el margen teórico disponible se reducía a cerca de G. 6,4 millones mensuales, antes de alimentos, salud, educación, imprevistos u otros desembolsos no incluidos en el formulario. Por eso, conocer el estado real de la operación inmobiliaria no es un detalle administrativo: ayuda a reconstruir la capacidad económica y las decisiones patrimoniales de quien ocupa una banca en el Congreso.
La declaración jurada debe ofrecer una imagen comprensible, verificable y completa. No alcanza con que una deuda aparezca correctamente cargada si el bien financiado queda fuera de la misma fotografía. El ciudadano debe poder seguir el recorrido: ingreso, obligación, adquisición, bien, cuota y saldo. Cuando uno de esos eslabones desaparece, la información deja de cumplir su función de transparencia.
En este caso, la obligación declarada muestra un dato aún más llamativo: el saldo era de G. 22.410.880. Si el diputado terminaba de pagar las dos cuotas pendientes, debía convertirse en titular de un activo importante o, al menos, conservar un derecho económico sobre ese inmueble. Sin embargo, ese derecho tampoco estaba visible en el documento revisado.
El origen de los recursos debe ser lícito y su declaración patrimonial debe reflejar con precisión lo que posee y lo que debe. La ciudadanía no puede reconstruir qué pasó con una operación de G. 578 millones cuando el pasivo figura, pero el resultado de ese desembolso no aparece.
Mauricio Espínola ha construido parte de su perfil público cuestionando balances, cifras, activos y decisiones financieras de instituciones y empresas. Esa tarea de control es legítima. Pero el mismo estándar debe aplicarse a sus propias declaraciones.