Con miras al reordenamiento del sistema energético nacional, el presidente de la República, Santiago Peña, confirmó que el Poder Ejecutivo apunta a concretar la creación del Ministerio de Minas y Energía antes de que finalice el año.
A tal efecto, el jueves último, Peña encabezó la primera reunión de la Mesa Nacional del Sector Eléctrico, un espacio multisectorial convocado por iniciativa del mandatario para avanzar en la transformación y fortalecimiento de la institucionalidad energética del Paraguay. Entre los principales planteamientos se encuentran la creación de un Ministerio de Minas y Energía y de un ente regulador del sector eléctrico.
Según explicó el mandatario durante la entrevista concedida al programa “Mina en La Tribu”, por la 650 AM, el proyecto forma parte de un paquete de reformas institucionales que busca dotar al país de un marco regulatorio moderno para administrar los excedentes y las futuras inversiones en generación eléctrica.
Mencionó que la propuesta normativa se encuentra actualmente en período de consulta y recepción de observaciones por parte de referentes e instituciones del sector público y privado.
“Esperamos recibir todas las sugerencias en dos semanas, consolidar el texto final y remitir inmediatamente al Congreso. Ojalá podamos tener aprobado el Ministerio de Minas y Energía antes de fin de año”, precisó el jefe de Estado.
Un árbitro independiente para el sector
La reforma plantea una reestructuración de las competencias estatales en el rubro. Mientras el nuevo ministerio estará encargado de dictar las políticas públicas e industriales a largo plazo, se creará en paralelo un ente regulador del mercado eléctrico, un organismo técnico e independiente que actuará como “árbitro” de la competencia y el control del servicio.
Bajo este nuevo esquema, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) dejará de ser juez y parte dentro del sistema, pasando a operar exclusivamente como una empresa de distribución y generación, en igualdad de condiciones con otros posibles actores del mercado.
Freno a contratos de largo plazo
En otro momento, el presidente argumentó que la urgencia de contar con este marco institucional radica en la necesidad de tomar decisiones científicas sobre el costo real de la energía y la tarifa técnica.
En ese contexto, el presidente confirmó que el Gobierno tomó la decisión de “parar la pelota” y no suscribir acuerdos de tarifa fija a largo plazo (15 años) con empresas electrointensivas mientras no esté consolidada la nueva institucionalidad.
El Ejecutivo proyecta presentar en un plazo de 60 días el estudio sobre la tarifa técnica real, la cual integrará los costos de las futuras fuentes de generación (solar, eólica y biomasa) que deberán complementar la producción de las hidroeléctricas binacionales.