A poco más de tres años de haber asumido su banca en la Cámara de Diputados, el balance del diputado Mauricio Espínola (ANR-capital, bancada Fuerza Republicana) arroja cifras marcadamente deficitarias.
El exsecretario privado del expresidente Mario Abdo Benítez no ha logrado promulgar una sola ley redactada bajo su autoría principal, manteniendo un perfil legislativo caracterizado por el estancamiento de sus iniciativas y una alta dependencia de proyectos colectivos.
Según los registros oficiales de la Cámara Baja, Espínola participó en un total de 25 proyectos de ley desde el 30 de junio del 2023.
De esa cifra, solo cinco iniciativas se convirtieron en leyes vigentes –lo que equivale a un modesto 20% de efectividad–, pero todas corresponden a proyectos en los que intervino en calidad de coautor junto con otros parlamentarios, como las reformas a la Ley de Nepotismo o modificaciones tributarias municipales.
En contraste, la productividad de su despacho como proyectista exclusivo es nula: de los cinco proyectos presentados bajo su firma principal (entre ellos el Programa Nacional de Reproducción Asistida y la pensión para la familia de Marcelo Pecci), cuatro continúan “cajoneados” en comisiones sin sanción y uno fue enviado directamente al archivo.
Un costo de G. 1.402 millones para el erario público
La baja productividad del legislador dista de reflejarse en el gasto que representa para la ciudadanía. Espínola percibe una remuneración mensual de G. 37.900.000 (desglosada en G. 32.606.840 de dieta y G. 5.293.160 en gastos de representación).
Tomando como base dicho salario, el Estado paraguayo destinó aproximadamente G. 1.402.300.000 para financiar la banca del diputado oficialista desde el inicio del período hasta la fecha. Cada proyecto propio presentado –y no aprobado– le ha costado al contribuyente más de G. 280 millones.
Bajo la lupa judicial por un accidente fatal
A la par de su cuestionada labor parlamentaria, la figura de Mauricio Espínola quedó envuelta en un severo frente judicial. El legislador debió solicitar el levantamiento de sus inmunidades parlamentarias ante el pleno para hacer frente a un proceso penal en su contra, derivado de un trágico accidente de tránsito registrado el pasado 16 de mayo en Asunción, en el cual falleció una persona.
Tras la aprobación de su desafuero bajo los términos del artículo 191 de la Constitución Nacional, el diputado por Capital quedó despojado del blindaje político y se encuentra actualmente sometido a la justicia ordinaria en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano común.
El escenario para el referente de Fuerza Republicana combina así una severa sequía parlamentaria con el peso de la fiscalización penal, en un mandato que, hasta el momento, deja un alto costo financiero al Estado con escasos resultados legislativos para la sociedad.
Madre comisionada no marca asistencia
A las investigaciones judiciales e indicadores de gestión se suman denuncias que salpican a su círculo familiar más cercano, en concreto a su madre, Claudia Celeste Núñez Torres.
Funcionaria permanente del Instituto de Previsión Social (IPS) comisionada a la Municipalidad de Villeta, la mujer enfrentó severas observaciones mediáticas y administrativas por marcadas inconsistencias en sus planillas de asistencia, constatándose que no contaba con oficina fija ni marcación biométrica regular en el municipio asignado.
Asimismo, registros sobre la trayectoria administrativa de Núñez Torres en el IPS expusieron un acelerado incremento salarial superior al 130% en periodos anteriores, alcanzando ingresos mensuales cercanos a los G. 13 millones a pesar de no registrar título universitario.
Estos antecedentes encendieron las alarmas sobre un eventual uso de influencias para el blindaje y beneficio económico de parientes de altas autoridades parlamentarias.